Otro escándalo por tierras salpica al Gobierno de Santiago del Estero

Se suma al de un ex intendente K. Ahora dueños de campos denuncian que no los dejan tomar posesión.
Dos funcionarios ligados al jefe de Gabinete de Santiago del Estero, Elías Suárez, habrían falseado un informe oficial para engañar a la justicia e impedir la posesión de un campo por sus dueños. El caso se suma al que involucra a Dario Ishii, hijo del operador kirchnerista y ex intendente Mario Ishii, quien se apropió indebidamente de tierras fiscales. Aquí, es el Estado el que dificulta la aplicación de la ley e impide la toma de posesión.

El informe cuestionado asegura que dentro de un campo de 11.200 hectáreas del departamento Figueroa habitan 60 familias campesinas, está emplazada la escuela 417, una iglesia, una posta sanitaria y un cementerio, cuando lo real es que todas esas edificaciones están fuera del predio. Lo firmaron Pablo Alvarez y Mario Corvalán, del Comité de Emergencia, que depende de Suárez. Ambos funcionarios han sido denunciados por "abuso de autoridad, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La denuncia fue presentada por los empresarios Luis Resio y Alberto José Croche, quienes en abril de 2008 compraron dicho campo (lote "2 CC") para desarrollar un proyecto ganadero para 6.000 bovinos. Pasaron 18 meses y no pudieron tomar posesión del predio, a pesar de contar con dos fallos judiciales a su favor. Resio culpa al oficialismo santiagueño. Lo acusa de "incentivar" a pobladores campesinos a "desobedecer" la decisión de la justicia.

Una pericia técnica requerida por los jueces, basada en imágenes satelitales tomadas desde 1991 hasta la fecha (la última fotografía tomada por el satélite Landsat 5 TM fue del 30 de octubre) dejó al descubierto el falseamiento. "La propiedad no cuenta con asentamientos humanos permanentes y tampoco los hubo durante los últimos 18 años, salvo los propios de la actividad del obraje". Es decir, en el campo disputado sólo hay picadas que suelen transitar los habitantes del paraje Pozo del Castaño, unas 30 familias ubicadas a 3.200 metros del límite noroeste del establecimiento, y no adentro como aseguraron los funcionarios.

Es cada vez más frecuente que cuando inversores de otras provincias llegan a Santiago del Estero choquen con las comunidades que habitan el lugar desde hace generaciones. En la mayoría de los casos, los empresarios suelen ceder parte de sus terrenos a los pobladores y luego conviven en paz. No pasó con este campo, pese a que los empresarios llegaron a acordar con abogados de PRADE (Práctica del Derecho Alternativo), que representaba a los lugareños, que donarían a la gente 1.400 hectáreas. Fue en abril pasado. Juárez participó de esas negociaciones.

Algo sucedió que dio por tierra con lo pactado: supuestamente alentados por políticos oficialistas, las organizaciones campesinas impidieron las labores dentro de esa propiedad y destruyeron el primer tendido de alambres. Hasta ese momento, el grupo empresario contaba con un fallo del juez Ramón Tarchini, que luego en agosto fue ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Ambos fallos le reconocían ser dueños legítimos del predio y aclaraban que estaba desocupado.

Pero patrocinados por el estudio de abogados Llinas, que se vincula al poder político santiagueño, algunos pobladores de Pozo del Castaño presentaron un nuevo amparo en otro juzgado, basado en el informe de la Jefatura de Gabinete provincial que contenía los datos falsos. Frente a la creciente tensión en la zona, la justicia ordenó a la policía que montara una guardia permanente. Varios efectivos concurrieron el 4 de setiembre al lugar pero, según denunció Resio, permanecieron menos de 24 horas. Diputados y funcionarios de Jefatura de Gabinete llegaron al lugar, ordenando a los efectivos su retiro inmediato. Por eso, hasta la Policía santiagueña ha sido demandada por "desobediencia judicial".

"Queríamos invertir. Pero recibimos amenazas, tiros, corte de rutas y alambrados, privación ilegítima de la libertad. Todo ello con la complacencia del Gobierno y la Justicia, que hasta ahora no tuvieron el coraje de hacer cumplir la ley", señaló Resio. Parecen viejos cuentos del Far West. Suceden ahora, en el norte argentino.

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