Otro amparo colectivo en contra del tarifazo eléctrico.

Otro amparo colectivo en contra del tarifazo eléctrico.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar al Recurso de Amparo Colectivo contra el tarifazo energético presentado por la Defensora de Pobres Nº 2 doctora Nora Maciel. La medida sienta precedente y legitima al Ministerio Público para promover acciones colectivas en defensa del interés público y el derecho de las personas con arreglo a las leyes.
El fallo Nº 62 con fecha 20 de marzo será girado a la Justicia de Primera Instancia que deberá resolver la cuestión de fondo.

El amparo presentado por la doctora Maciel es anterior al promovido por la Asociación de Usuarios y Consumidores (AUC). Ambos tienen la finalidad de dejar sin efecto el incremento en el costo de la energía eléctrica y retrotraer la situación al cuadro tarifario anterior a la vigencia del Decreto Nº 2668 y la Resolución 1049, con la salvedad de que en primera instancia fue negada la legitimidad de la Defensoría de Pobres Nº 2, para promover acciones colectivas.

A raíz de esta situación es que el recurso solamente alcanza a esta cuestión y envía a la Justicia de Primera Instancia a dar trámite al amparo conforme los términos de la Ley Nº 2.903.

"Como hay una cautelar resuelta de naturaleza colectiva (la presentada por la AUC), carecería de eficacia propender una nueva medida cautelar", explicó la doctora Maciel. En tal sentido resaltó que "entonces siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia en el fallo Alabi contra el Poder Ejecutivo Nacional correspondería la acumulación de las actuaciones y que la Asociación de Consumidores y el Ministerio Público tengan rol de parte autora.

Legitimidad del Ministerio Público

Lo novedoso de este fallo es que por primera vez, se incluye dentro del interés colectivo los derechos de los usuarios y consumidores de servicios públicos. Vale resaltar que hasta la fecha Ministerios Públicos de diversas Jurisdicciones de la República Argentina promovieron amparos colectivos en materia ambiental y de vivienda.

En este caso se reconoce que además de las figuras del Defensor del Pueblo y la Asociación de Usuarios y Consumidores también está legitimado el Ministerio Público.

Por otra parte Maciel destacó que en el fallo también queda claro que para promover una acción "no se requiere instrucción previa del Fiscal General sino que como miembro del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo actúa por el principio de unidad orgánica representando a toda la Institución".

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