Otro accionista de OSM prepara una demanda, ahora contra la Provincia

Otro accionista de OSM prepara una demanda, ahora contra la Provincia
Southwater accionaría en la Justicia provincial antes de finalizar la auditoría estatal. "La intervención no nos gustó para nada", admitió el ahora ex vicepresidente de la empresa. Se suma así a la postura de Saur.
Pasado el golpe de efecto que buscaba con la intervención de OSM, al Gobierno se le abren no pocos interrogantes sobre el futuro, habida cuenta de los efectos secundarios de su decisión.

Es que a Saur International, convencido de reflotar su demanda millonaria contra el Estado nacional ante el Ciadi, se suma ahora su socio principal, Southwater, con acciones propias en marcha. La firma del grupo Sielecki ya instruyó a sus abogados que diseñen minuciosamente una estrategia para accionar ante la Justicia de Mendoza y así obtener una compensación.

La medida, cuyos detalles mantiene bajo siete llaves el área legal de la empresa, que posee el 32% de las acciones de Obras Sanitarias, se distingue de la de Saur por el ámbito de aplicación (local) y el sujeto de la demanda (la Provincia), pero tiene un denominador común: sus impulsores descuentan que estará en marcha mucho antes de concluido el período de la intervención (enero).

Si bien desde el grupo evitan anticipar el choque con el Ejecutivo y hablan de "voluntad de colaboración", admiten que no mantendrán los brazos cruzados.

"La intervención administrativa de la empresa no nos gustó para nada, pero debemos reconocer que Jaque no escondió la basura bajo la alfombra. Con el 19,7% decretó el primer aumento en una década de concesión", señaló Federico Qüerio, ejecutivo del grupo accionista y ahora ex vicepresidente de OSM.

Y añadió que "hay un camino legal a seguir en Mendoza, que tiene un sistema judicial fuerte". En la mente de los estrategas jurídicos está claro que los plazos procesales son menores a los 6 meses de control oficial.

"Mas allá de la legal defensa de nuestros derechos, nuestro grupo tiene la voluntad de colaborar positivamente en la solución", resaltó Qüerio.

El ejecutivo calificó ayer de "camino entre blanco y negro" el de la intervención. Y consideró la medida oficial como "una bisagra que obliga a preocuparse por lo fundamental: eficiencia y tiempos razonables para mejorar el sistema de agua y cloacas". Respecto al aumento de 36,1% "auto-concedido" por el Gobierno cuando se negociaba un 40% con los accionistas, para la voz autorizada de Southwater "es mejor que se haya dado que discutir para quién fue, después de una demora de un año".

Hay argumentos varios a utilizar para sustanciar la demanda. Por ahora, uno es el pago pendiente de $ 7 millones en concepto de IVA que, según los accionistas, el Ejecutivo se comprometió a cancelar a la AFIP hace un año y medio, ante la mora en los pagos de facturas, pero nunca cumplió.

Igual, el argumento de fondo para pedir una compensación siguen siendo las pérdidas durante la etapa de tarifas congeladas, que buscarán demostrar con los flujos de caja durante el período: según estimaciones de Southwater, los insumos de potabilización subieron 570% y el mantenimiento eléctrico 479%, frente al incremento tarifario de 19,7%.

"Es necesario estar desinformado para preguntarse qué dividendos se llevaron los accionistas. Los balances auditados, y no objetados por el socio ?Estado provincial', registran que desde 2002 no se retiró ni un peso de utilidades, pese al 6% de rentabilidad que asignaba la carta entendimiento", concluyó Qüerio.

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