Otra vez un solapado conflicto entre poderes del Estado

La usurpación de tierras, el rol de la Justicia y el del Ejecutivo provincial vuelven a estar en el centro de la polémica, a partir de una investigación sobre la inacción policial ante una orden de desalojo en el barrio San Lorenzo. Por más que se disimule, son situaciones que evidencian un conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
Otra vez se plantea un virtual conflicto entre poderes en Neuquén, respecto del espinoso tema de las usurpaciones de tierras, y la constatación de que la Justicia ordena una acción y el Ejecutivo la desobedece.

Así ocurrió en la usurpación producida el 14 de este mes en el predio de la calle República de Italia, entre Doctor Ramón y Racedo, en el barrio San Lorenzo Norte, cuando la Justicia ordenó el desalojo y la policía no actuó, aduciendo que había "niños y mujeres" en la Toma.

La supuesta intención humanitaria de la policía provincial es ahora cuestionada directamente por el fiscal Rómulo Patti, quien anunció que investigará el presunto desacato de los jefes policiales ante la orden judicial, que había sido emitida por el juez de Feria, nada menos que el juez actuante en la causa Fuentealba, Cristian Piana.

Patti actúa en realidad después que el asesor legal y apoderado de la Municipalidad de la capital neuquina, José Gerez, hiciera lo suyo para alertar sobre una situación que en realidad es recurrente, pues ocurre cada vez que hay una Toma y la Justicia ordena su desalojo, que inevitablemente no ocurre sino hasta que se destraba la cuestión políticamente, generalmente cediendo ante los usurpadores, consiguiendo para éstos algún tipo de "solución" habitacional.

El tema de fondo es el del conflicto entre poderes, porque a todas luces la policía no decide por sí misma ante una situación de esta naturaleza, sino que sigue las instrucciones del ministro del área –en este caso, el ministro de Justicia, Seguridad y Trabajo, César Pérez- y éste, a su vez, difícilmente tome una decisión sin antes consultarla con el gobernador Jorge Sapag o la vicegobernadora Ana Pechen.

Así, en realidad lo que se registra es que la Justicia ordena dentro de sus atribuciones, y el Ejecutivo no acata esa orden, invocando generalmente razones de oportunidad política.

Es lo que ha ocurrido una vez más, resulte como resulte la investigación que lleva adelante ahora el fiscal Patti.

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