El juez Omar Magallanes dictó sentencia de desalojo por segunda vez a la comunidad Santa Rosa Leleque, que mantiene una disputa por el territorio en zona de la cordillera con la multinacional Benetton. La medida judicial, con fecha del 7 de julio, trascendió ayer a través de un comunicado de “repudio” remitido por la comunidad Rúa-Nahuelquir.
“Tal como lo hizo en el mes de marzo, siguen ignorando nuestros derechos como comunidad mapuche y como pueblo originario. Una vez más, la Justicia desconociendo totalmente el derecho indígena, beneficia con su decisión al magnate italiano Luciano Benetton, quien a través de la Compañía Tierras del Sur lo venia solicitando. En el petitorio del abogado de Benetton piden que la policía de la provincia del Chubut sea la encargada de realizar el desalojo, piden colaboración y auxilio policial para llevar adelante esta medida”, indicaron los referentes de la comunidad desde El Maitén, temerosos de que en Chubut pueda ocurrir algo parecido a lo del Ingenio Ledesma, en Jujuy.
Luego, expresaron: “Una vez más nos preguntamos dónde queda el reconocimiento a nivel provincial por medio de la Personería Jurídica, el reconocimiento del INAI y el relevamiento que se llevó a cabo en la comunidad Santa Rosa Leleque mediante la ley 26.160, si el juez en vez de reconocer nuestros derechos, ampara a los terratenientes y latifundistas que vienen a usurpar nuestros territorios”.
POR UNA OBRA
A fines de junio el abogado de la comunidad, Edgardo Manosalva, apeló una presentación efectuada por el empresario italiano Luciano Benetton, en la que pretendía encarcelar a Atilio Curiñanco y Rosa Nahuelquir, como referentes de dicha comunidad, por haber realizado mejoras, con ayuda del Estado, en su vivienda ubicada en tierras que el magnate reclama como propias.
Según la presentación de los apoderados de Benetton, el incumplimiento se habría dado con la construcción de una vivienda de material. La realización de esa obra, que se levantó con aportes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, habría sido con el objeto de garantizar el derecho de la comunidad a una vivienda adecuada ante la proximidad del invierno, aunque ya el 1° de marzo de este año fueron notificados de que el juez Magallanes había resuelto dictar el desalojo en un plazo de diez días.
La comunidad reprocha al juez el hecho de que ignore en su sentencia que tienen el reconocimiento de la provincia del Chubut a través de la personería jurídica, ignorando además que la comunidad fue relevada en el mes de enero por el equipo técnico que trabaja en aplicación de la ley Nacional 26.160, lo que implica un reconocimiento por parte del Estado nacional.
“La justicia ignora una vez más el derecho indígena, leyes nacionales, e internacionales, como el convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional que habla de la preexistencia al estado de los pueblos originarios y la ley 26.160 de emergencia, sobre relevamiento territorial de comunidades indígenas, que prohíbe los desalojos”, afirmaron.
Interpretan que esta medida beneficia sin miramientos a Luciano Benetton, dueño de más de 1.500.000 hectáreas, en el nombre de “Compañía Tierras del Sur”, propiedad del mismo. “Una vez más los terratenientes, la Sociedad Rural y el Poder Judicial muestran sus intenciones, avaricias y racismo para con nuestro pueblo”, afirmaron desde la comunidad.
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