Otra prórroga para el nuevo Código Procesal Penal

El ministro Rodríguez y un integrante del S.T.J. habían ratificado su puesta en marcha, pero problemas edilicios, informáticos y de recursos humanos obligarán a una segunda postergación. No pondrán fecha.
A pesar del adelantamiento de la feria judicial, se espera para los próximos días una urgente reunión de los ministros del Superior Tribunal de Justicia para analizar otro pedido de aplazamiento para la implementación del nuevo Código Procesal Penal provincial. Incluso ya estaría esbozada la nota que se enviará a la Legislatura solicitando la prórroga para la entrada en vigencia de la ley 2.287 sancionada en 2006. La diferencia con respecto a la prórroga anterior, dispuesta el año pasado, sería que esta vez no se fijaría una fecha definitiva para su puesta en marcha.

Los problemas para la implementación del C.P.P. serían insalvables a la fecha por falencias económicas, edilicias, de recursos humanos y de tecnología informática, según confirmaron ayer altas fuentes tribunalicias. En la primera semana de junio, el ministro de Gobierno y Justicia, César Rodríguez, afirmó en General Pico que "antes de fin de año estaría en marcha", palabras que fueron ratificadas días después, en la misma ciudad, por el ministro del S.T.J., Tomás Mustapich, pero aún con más detalles. El ministro del S.T.J. habló de septiembre como el punto de partida y agregó que el Código comenzaría a funcionar a prueba en la Segunda Circunscripción (General Pico). Sin embargo, increíblemente, el propio Mustapich informó la semana pasada a algunos fiscales de esa circunscripción sobre la nueva suspensión.

Meses atrás, fiscales de Chubut que visitaron el norte pampeano -en esa provincia la reforma judicial lleva dos años de vigencia-, al referirse al nuevo C.P.P. pampeano, expresaron con un gran realismo que su implementación no significaría una reforma de fondo ya que en realidad "lo que cambia es que el titular de la acción penal pasa a ser el fiscal y no el juez de instrucción". Además admitieron las dificultades que acarreó su implementación en territorio chubutense.

Funcionarios del Poder Judicial concurrieron a la ciudad de Esquel a observar in situ cómo funciona el Código en aquella provincia y vinieron maravillados, pero también preocupados porque falta mucho para que La Pampa pueda lograr un funcionamiento similar. La nueva prórroga les dio la razón.

Una de las incógnitas, frente a esta novedad, es saber qué opinan los cinco miembros del STJ -la presidenta María Rosa Vázquez y los demás ministros, Mustapich, Julio Pelizzari, Víctor Menéndez y Eduardo Fernández Mendía- y el procurador general, Mario Bongianino, para saber si hay responsabilidades compartidas o no en el alargamiento de los plazos. Tampoco escaparía de ellas el Poder Ejecutivo porque de allí debe salir la aprobación de fondos frescos.

Prórroga sin fecha.

Los contratiempos que ha generado la dilatada aplicación de la ley 2.287, o nuevo C.P.P., fueron innumerables. La norma fue sancionada en la Cámara de Diputados el 7 de septiembre de 2006, otorgándose dos años de plazo para ponerla en marcha; o sea que debió implementarse a partir de septiembre de 2008. Pero poco tiempo antes de esa fecha se solicitó otra prórroga por un año más, es decir hasta el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, las fuentes judiciales adelantaron que en los próximos días ingresara a la Legislatura otra nota requiriendo una nueva postergación.

La diferencia es que ahora nadie sabe cuando podrá ponerse en marcha el Código, debido a la larga lista de imponderables para su operatividad. Inclusive algunos funcionarios hasta dudan si podrá ser a mediano plazo.

El año pasado el retraso fue adjudicado a la demora en la entrega de la Ciudad Judicial. Al menos ese fue el argumento público, y lo que obligó al obligó al Superior Tribunal a pedir la prórroga. Y aunque el edificio se entregue antes de fin de año, la instrumentación del nuevo sistema adolecería de otros problemas. Por ejemplo, la propia Ciudad Judicial. ¿Por qué? Porque fue dispuesta de tal forma que el Ministerio Público funcione por un lado y el Poder Judicial por otro. Con el nuevo sistema deberían cambiarse de lugar o al menos intercambiarse alguno de ellos, instalarse otros software informáticos, nuevos equipamientos (hardware) y hasta habilitar más espacios físicos. Aún así, el costo económico sería tal que debería esperarse la aprobación del presupuesto 2010 del Poder Judicial para contar con esos fondos.

Ni que hablar de los recursos humanos, porque al no poder contarse con pasantes exclusivamente, se necesitarán abogados y profesionales de otras especialidades, además de una serie de equiparaciones salariales ya que el fiscal pasaría a tener un escalafón similar al del actual juez de instrucción, algo que es rechazado desde distintos sectores internos.

El año pasado, en la discusión del presupuesto del Poder Judicial, las diferencias fueron del 30 por ciento entre lo solicitado y lo efectivamente otorgado, sin hablar de la necesidad de nuevos empleados. Con el nuevo C.P.P. hay previsiones que dan por cierto casi una duplicación del actual presupuesto y la promesa de aprobar 40 cargos.

El ministro no sabía.

Cuando el ministro Rodríguez, en una reunión con camaristas, dijo sin titubear que "antes de fin de año el nuevo Código Procesal Penal estaría dando los primeros pasos en General Pico", habrá sido porque nadie desde la Justicia le informó sobre la imposibilidad fáctica de hacerlo.

Si bien hay muchos que esperan con urgencia su aplicación, debido a que en el actual esquema la instrucción está a cargo de un juez, quien no sólo practica la investigación sino que también dispone las medidas probatorias de la causa y tiene facultades para rechazar requerimientos de los fiscales. La realidad dice que es un proceso inquisitorio porque el juez asume la conducción, la investigación y él mismo resuelve cuándo detiene, excarcela, o libera a un imputado.

Con el nuevo sistema, el fiscal asumirá el rol acusador y entonces el juez pasará a ser un intermediario entre el acusador y los defensores. Los fiscales, además, pasarán a ser instrumentos activos de la investigación en colaboración con la policía.

Otras voces del propio Poder Judicial señalan que la mayoría de los abogados penalistas esperan su pronta aplicación porque podrían contar con más herramientas defensivas (léase "chicanas") para seguir postergando juicios (hoy casi todas las causas con connotaciones políticas o casos de corrupción están frenadas por esa razón).

Lo concreto es que unos y otros deberán seguir esperando ya que poco y nada se ha realizado efectivamente para la puesta en marcha del Código. Y están los que aseguran que la ley 2.287 es una utopía teniendo en cuenta la forma de trabajar que tiene actualmente la justicia pampeana.

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