Otra lucha por la independencia

Otra lucha por la independencia
Cristina Fernández dijo que hay jueces "dependientes del poder económico". Fue por el fallo en favor de Telecom, que frenó el cronograma de desinversión ordenado por el Gobierno. Críticas de Macri y De Narváez, apoyo de la CGT.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció ayer que sectores de la Justicia no son independientes del poder político, sino "dependientes del poder económico". Lo hizo en referencia a un pedido de Telecom al que rápidamente hizo lugar la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. A partir de ello, la compañía pudo suspender provisoriamente el cronograma de desinversión que dictó el Ejecutivo para regular su posición monopólica. En la oposición se dividieron las aguas en torno de la posibilidad de la caducidad de la concesión a la firma, que anunció anteayer el ministro Julio De Vido, entre el rechazo por parte de la derecha y el relativo apoyo de parte de legisladores de centroizquierda. También hubo declaraciones a favor de la CGT.

El ministro De Vido informó que el Gobierno está contemplando la revocación del contrato de concesión del servicio telefónico a Telecom. A las declaraciones del funcionario a raíz del avance que tuvo la compañía en la Justicia se sumaron las de la Presidenta, en una conferencia de prensa realizada ayer por la tarde. Telecom logró, por ahora, frenar el cronograma fijado por Defensa de la Competencia, que había resuelto la necesidad de la desinversión por el cambio societario derivado de la compra de Telefónica de España de una parte del paquete accionario de Telecom Italia. A nivel local, esto implica que una sola empresa se alza con todo el mercado telefónico.

Desde el PRO y el peronismo disidente se manifestaron en contra de la posibilidad de quitarle la concesión a Telecom. La misma posición tuvieron frente a la estatización de Aerolíneas Argentinas, el sistema previsional o Aguas Argentinas. Más allá de los resultados de aquellas medidas, esta parte de la dirigencia se opone, a priori, al retroceso del diagrama privatizador y al impulso del rol del Estado.

El jefe de Gobierno porteño y probable candidato presidencial por el PRO, Mauricio Macri, consideró al tema como poco urgente y por ello criticó la injerencia pública. "Hoy tenemos prioridades muy grandes que pasan por la educación, la seguridad, la salud, la justicia independiente y no se puede despilfarrar la plata en cosas que no son centrales", indicó Macri. Pidió que el Gobierno "se ocupe del problema de la inseguridad y que no siga desperdiciando energía para inventar nuevas peleas".

Por su parte, el diputado nacional Francisco de Narváez (Unión-PRO) apeló al clásico argumento de la inseguridad jurídica, que para el empresariado funciona como justificativo de cualquier acción regulatoria por parte del Estado. "No cumplir con los contratos de concesión de las empresas públicas de servicios genera inseguridad jurídica", indicó el legislador, sin referirse a los incumplimientos de parte de la empresa.

El diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat-Gay cuestionó la relación del Gobierno con el Poder Judicial. "Lo que está en discusión es, además de la cuestión de Telecom, que el Gobierno apoya los fallos favorables a sus amigos y pone en tela de juicio los que no les conviene", manifestó. Además, tanto el ex presidente del Banco Central, como De Narváez y la diputada radical Silvia Giudici denunciaron que es una maniobra más "para favorecer a los amigos del Gobierno".

El Gobierno criticó el fallo a favor de Telecom por la rapidez con la que fue resuelto, denunciando vinculaciones con el poder económico más concentrado. "Que la Justicia, a través de medidas cautelares, cristalice situaciones de monopolio es ir en contra de los intereses de los argentinos", acusó Cristina.

El apoyo a una posible estatización provino de parte del centroizquierda. El diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano indicó que "la recuperación del papel del Estado en lo que sería la autopista de la información es esencial". También se manifestó a favor de la intervención estatal la central obrera encabezada por Hugo Moyano, que apoyó al gremio telefónico como posible operador de la compañía. El titular de Foetra, Osvaldo Iadarola, volvió a asegurar que los trabajadores están "en condiciones de hacerse cargo del funcionamiento de la empresa" y las inversiones que requiere en materia tecnológica.

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