Tal como se había adelantado hace varias semanas desde este mismo espacio, finalmente la ex ministra de Justicia María Inés Diez fue nombrada por el gobernador Urtubey como Defensora General, en reemplazo de Luis Costas.
Con esta modificación en el esquema del Ministerio Público, conformado por la Procuración General, la Defensoría General y la Asesoría General, la intervención política en este
engranaje de la Justicia queda ratificado una vez más.
La nueva Defensora General es una figura estrechamente vinculada al gobernador Urtubey y su futuro accionar al frente del organismo ya deja algunas preocupaciones.
Los defensores oficiales aguardan con expectativas los primeros pasos de la nueva gestión, aunque en el fondo temen que se trate de un reflejo de lo que ocurre en la Procuración, donde Pablo López Viñals actúa como un monje negro de las investigaciones que deberían efectuar los fiscales y que en no pocos casos, fueron impúdicamente cajoneadas en escandalosos casos de corrupción que involucraban a funcionarios del Estado.
Desde de ese mismo razonamiento, las dudas de los defensores son legítimas. ¿Qué independencia puede tener una persona que hasta hace poco fue funcionaria y además defensora de la reforma que terminó colocando a los fiscales por encima de los jueces? Esa es la duda que invade por estas horas a los defensores. María Inés Diez es, en este contexto, otra cuota en la concentración e intervención política del Ejecutivo sobre el resto de los poderes.
Definitivamente la llegada de la ex ministra de Justicia no es del agrado de todos en la Defensoría General y su nombramiento resulta poco simpático sobre todo por la falta de vocación en la defensa pública.
“No es lo mismo la defensa que la acusación pública. Esta es una vocación que se tiene o no” aseguran los defensores. Son ellos quienes tienen los planteos más serios en relación a los intereses políticos sustentados por el gobierno en detrimento de la carrera judicial.
Sostienen que para estos cargos se deje de lado el amiguismo y el dedo selectivo del gobernador y se avance con la designación de ternas desde el Consejo de la Magistratura tal cual ocurre en el resto del país. Pero eso está muy lejos de la realidad.
La incertidumbre es lo que prevalece por estas horas entre los defensores oficiales en la provincia, tanto civiles como penales.
No son muchos. Poco menos de 50 trabajan a las defensorías de toda la provincia y esto es algo clave para la nueva gestión de María Inés Diez.
Los defensores han quedado muy reducidos con relación a los fiscales. Existe una suerte de macroacusación frente a una microdefensa y esto, de acuerdo a como se viene desarrollando la tarea de los fiscales, es absolutamente peligroso para los ciudadanos y el servicio de Justicia.
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