Otra vez detectan a bandas armadas usurpando casas

En febrero la modalidad afectó al Santa Teresita, en Las Heras. Ahora afecta al Ruiseñor y zonas cercanas, en Godoy Cruz. Hace ocho años que un grupo de vecinos reclama sin tener solución.
Otro caso de inseguridad extrema afecta a adjudicatarios de barrios del IPV. Según denunció un grupo de vecinos, bandas de delincuentes amenazan y desalojan a los ocupantes del barrio Ruiseñor y otros aledaños en la zona Oeste de Godoy Cruz. Los afectados denunciaron amenazas y usurpaciones por parte de grupos delictivos que han asumido el control del barrio.

Los vecinos del Ruiseñor, un barrio de 250 casas, estiman que el 60% de los adjudicatarios originales de las viviendas han malvendido sus casas para irse de la zona. Situaciones similares se viven en los barrios cercanos Covitedyc, Cardenal, Loteo Ruano y Labrador.

En la actualidad hay al menos cuatro casas usurpadas, dos de ellas son pertenecientes a organismos del Estado, una a la Dirección del Menor y otra al PAMI. Las viviendas ocupadas –según denuncian los vecinos– se han convertido en aguantaderos desde donde los delincuentes amedrentan a los vecinos y ejercen el control del barrio.

El caso tiene similitudes con el de las usurpaciones violentas que comenzaron en el barrio Santa Teresita de Las Heras, reveladas por Diario UNO a partir de febrero de este año, donde al menos cuarenta familias fueron desalojadas a punta de pistola en pocos meses.

Pero a diferencia de este caso que se desencadenó en pocos meses, la particularidad del drama del Ruiseñor es que desde hace ocho años es denunciado por los vecinos sin que hayan obtenido solución.

Al igual que en el Santa Teresita, los testimonios de los vecinos que se atreven a contar no son difundidos porque viven amenazados. Inclusive hay constancias escritas de represalias sufridas por un policía que tuvo que abandonar el barrio (vivía en la casa 7 de la manzana A) en agosto del 2003, y por funcionarios de PAMI que intentaron recuperar la vivienda que tienen adjudicada pero fueron echados a punta de pistola. El incidente ocurrió el 28 de marzo del 2005 y está denunciado en la Comisaría 40 del barrio La Estanzuela.

Un grupo reducido de adjudicatarios viene denunciando el caso desde hace ocho años, tienen constancias de notas y pedidos elevados a por lo menos diez reparticiones del Estado. Inclusive abordaron a la salida de la Casa de Gobierno al gobernador Celso Jaque sin obtener ninguna respuesta.

El último pedido de ayuda fue formulado al diputado Daniel Cassia (PJ), quien reunió la documentación ofrecida por los vecinos para retomar el tema y prometió comenzar una investigación.

La historia es un cúmulo de desidia. Desde el 2001 pasaron tres administraciones políticas distintas, la de Roberto Iglesias, Julio Cobos y ahora la de Jaque, pero ninguno de los organismos directamente relacionados, como el Ministerio de Seguridad, el IPV o la Municipalidad de Godoy Cruz, entre otros, logró nunca una solución.

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