El 2017 será recordado por los bonaerenses, especialmente quienes viven en el interior, como uno de los años en los que las inundaciones hicieron estragos. Los registros finales mostraron que se inundaron 1.3 millones de hectáreas, en tanto que otros 3 millones quedaron anegadas.

La otra cara de esa dura realidad es la responsabilidad del Gobierno de turno y de los responsables de la planificación y ejecución de las obras de infraestructura, en este caso el ministro Roberto Gigante. Y esa cara queda expuesta en los informes de ejecución presupuestaria que periódicamente publica la Contaduría General de la Provincia, una suerte de “radiografia” donde se mide el avance de la gestión.

En este caso los datos no se publican con la celeridad que deberían. De hecho, Contaduría publicó recientemente lo concerniente al tercer trimestre de 2017. Esos datos revelan que el total de ejecución de programas específicos alcanza sólo un 37%, es decir que menos de 4 de cada 10 pesos destinados a obras se había ejecutado en tiempo y forma.

Todo esto en el marco de un presupuesto en el que se puso énfasis en la obra pública. Tal es así que al ser enviado a la Legislatura se consignó que triplicaba las partidas destinadas al Ministerio de Infraestructura y servicios públicos, lo que debería implicar un 70% más de inversión en obras públicas y la consecuente creación de 70 mil puestos de trabajo directos y algo más de 40 mil empleos indirectos.

En el mensaje que acompañó el presupuesto, Vidal detalló que durante 2017 se continuará el plan de infraestructura provincial iniciado en el segundo semestre de 2016 para rutas, obras hidráulicas, renovación de escuelas, hospitales y comisarías y especifico que “se acompañara a los más vulnerables con programas de asistencia social, para mejorar en cantidad y calidad la prestación de servicios públicos de salud, educación y cultura y seguridad”-

Una mirada sobre los números publicados en Contaduría revela que el Gobierno prácticamente se limitó a hacer saneamiento de los cursos de agua. De hecho, tenía presupuestados apenas 10 millones de pesos para esos fines, pero para el 30 de septiembre había gastado casi diez veces esa cantidad.

Por el contrario, programas específicos que implican inversión real en obras de mediano plazo, tuvieron un ritmo de ejecución inversamente proporcional. En el caso de Control de Inundaciones, sólo se le dio destino a 820 de los 2 mil millones asignados, es decir que tiene menos del 40 por ciento de ejecución transcurrido el 75 por ciento del año.

Lo mismo puede decirse del programa Obra Hidráulica: registra 45% de ejecución sobre los casi 3 mil millones asignados en la ley de Presupuesto. Distinto es el caso del programa “Proyectos y Obras para contrarrestar efectos de inundaciones”, que tiene cero pesos devengados, pero por una buena razón: los fondos se contabilizaron en el global del presupuesto pero el crédito de la Confederación Andina de Fomento por 1.565 millones todavía no había sido otorgado.

En ese caso, al Gobierno puede atribuírsele el ¿error? De querer “inflar” la inversión en obra pública aún cuando no tuviera seguridad de que disponía de los fondos requeridos.