Otra batalla en la guerra entre la Rosada y el macrismo

La medida, que se implementaría a partir de mañana, obedece a una deuda de $ 34 millones. Pero el gobierno porteño la atribuye a una venganza por la inminente salida a las calles de la nueva policía.
La relación entre el gobierno nacional y la administración macrista alcanzó ayer otro pico de tensión, tras ser conocida la decisión de la Policía Federal de retirar a los efectivos de esa fuerza que prestan servicios adicionales en dependencias porteñas. Desde el Gobierno de la Ciudad consideraron que la medida tiene un trasfondo claramente político y se enmarca en las últimas embestidas de la oposición contra la policía porteña. Sin embargo, el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, restó connotaciones a la decisión. "Nos vemos obligados a reducir los servicios porque no pagan", afirmó.

El diario La Nación había informado que el jefe del departamento de policía adicional de la Federal, Rubén Spetolli, comunicó que sus efectivos dejarán de brindar servicios a partir de mañana, debido a una deuda de 34 millones de pesos. La medida afecta a 15 centros de gestión y participación comunitaria, 10 centros deportivos, 12 hospitales, parques, cementerios y a la terminal de micros de Retiro. Los atrasos en los pagos se remontan a enero pasado. La ciudad cuenta con casi 1.400 efectivos de la Federal para custodiar 223 lugares. La prestación policial le cuesta a la ciudad 55 pesos por cada módulo de cuatro horas.

A raíz de esta decisión, para las próximas horas, la administración porteña prepara un plan de emergencia. Reemplazará a los uniformados de la Federal con 440 efectivos propios (los que habitualmente están vestidos de gris) y con miembros de seguridad privada.

"La policía no tiene más remedio que hacer esto", dijo ayer Aníbal Fernández para justificar la resolución. "La ciudad de Buenos Aires –agregó– ha dejado de pagar un montón de cosas, los servicios que le presta la policía y también la cuota de 48 millones de pesos que le corresponde para el hospital Garrahan".

En tanto, ayer se celebró el día de la policía y en el acto coincidieron los protagonistas de la polémica: Aníbal Fernández y el ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Al término de ese acto, Fernández siguió haciendo declaraciones contra la administración macrista y calificó de "profetas del odio" a quienes cuestionaron al gobierno nacional por la polémica medida. "La seguridad le debe importar muy poco (a Macri) y por eso no paga", afirmó. Asimismo, se volvió a referir a la denuncia presentada por el jefe de gobierno porteño por el presunto complot llevada a cabo mediante la infiltración del espía Ciro James: "Mientras inventa el macrigate y pone dinero para hacer inteligencia nadie dice nada".

El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expuso un tono más moderado para referirse al conflicto. El funcionario garantizó la seguridad en la ciudad y deslizó que se abrió una negociación para llegar a un acuerdo y mantener los servicios. De todos modos, Rodríguez Larreta vinculó este conflicto con la inminente salida a la calle de la nueva policía metropolitana. "Hagan lo que hagan, aunque pongan palos en la rueda, la nueva policía saldrá a la calle en el mes de noviembre para darles seguridad a los vecinos", ratificó ante Crítica de la Argentina.

Por su parte, el viceministro de seguridad porteño, Matías Molinero, se mostró confiado en un rápido acuerdo y dijo que el próximo martes se reunirá con las autoridades de la Federal. "Quizás nos excedimos un poco más de tiempo de lo normal en los pagos. No estamos exentos de la crisis", reconoció.

Por lo bajo, desde la propia administración porteña, no dejaban lugar a las dudas. Para el macrismo la medida es un vuelto por la nueva policía porteña. Y sugerían que es "muy sintomático" que les corten los servicios justo ahora, cuando la fuerza local está a punto del debut.

El macrista que llevó la punta de lanza contra la Nación en esta nueva batalla fue el legislador porteño Cristian Ritondo, quien repudió la decisión y afirmó que "los porteños pagamos impuestos para tener seguridad, pero este gobierno está empecinado en seguir castigando a los vecinos de esta ciudad". Para el diputado macrista "esto es una venganza, les quieren dar vía libre a los delincuentes y convertir a Buenos Aires en un infierno de piquetes, cortes, paros y ahora en el far west".

A todo esto, voceros de la Policía Federal confiaron a este diario que "el personal tiene que cobrar y no se puede prestar el servicio". Ante la pregunta sobre si hay otros organismos oficiales que mantienen deudas con la fuerza, respondieron que ninguno debe tanto como el macrismo. "Puede ser una deuda de sólo un mes", dijeron. Al mismo tiempo, dejaron entrever su descontento porque "la ciudad les pagó como 20 millones de pesos a empresas de seguridad privada".

En los hechos, el conflicto parece ser apenas un anticipo de lo que puede llegar a suceder en una alarmante escala cuando las dos fuerzas empiecen a convivir en las calles y tengan que coordinar acciones contra el delito.

Comentá la nota