Le otorgan a De Vido el control de la televisión digital argentina

Por decreto, Cristina le dio al Ministerio de Planificación Federal la facultad dirigir el período de 10 años establecido para unificar la norma actual con la del país asiático
Después de haber definido que la norma japonesa regirá para la televisión digital argentina, y tras acelerar el debate por la nueva ley de medios en el Congreso, el Gobierno ahora avanzó un paso mas hacia el objetivo de querer controlar toda la información que se difunde en el país con la creación de un nuevo organismo para dirigir el período de transición hasta que se de oficialmente por terminada la televisión analógica en el país.

Así quedó plasmado en el Decreto 1148 publicado ayer en el Boletín Oficial que oficializó el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATV-T), adoptando de esta manera la norma japonesa.

El decreto lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Planificación, Julio De Vido y también establece un plazo de 10 años para el apagón analógico. Es decir, en el 2019 los actuales televisores de tubo ya no servirán para poder ver la señal digital y habrá que comprar otros equipos como los de plasma o LCD que hoy escasean por las trabas a las importaciones. Y los que hay en plaza prometen subir de precio si el Congreso aprueba un proyecto para aumentar impuestos a los productos electrónicos que no sean fabricados en Tierra del Fuego.

La manera en que se llegará a 2019 y cuáles serán los requisitos que deberán cumplir las empresas, así como la forma en que se distribuirá el espectro radioeléctrico que se creará a partir del nuevo sistema estarán en manos de un organismo que será presidido por el ministro de Planificación Federal.

Se trata del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre creado por el mismo decreto y cuyo poder quedará concentrado en uno de los funcionarios más cercanos al pensamiento del matrimonio Kirchner, a pesar de que también tendrá representantes de la Jefatura de Gabinete, de los ministerios del Interior, Economía, Producción, Educación, Trabajo, Desarrollo Social, Ciencia y Tecnología, y de la Cancillería. El dato curioso es que el consejo asesor no incluye miembros de la Secretaría de Comunicaciones.

Este Consejo Asesor tendrá como tarea la de "asesorar" al Gobierno en todo lo referente a los objetivos previstos para el nuevo sistema argentino de televisión digital terrestre. Si bien entre esos objetivos hay varios generalistas como "promover la inclusión social y la diversidad cultural, o democratizar la información", también podrá cambiar ciertas reglas de juego interpretando enunciados como los de "optimizar el uso del espectro radioeléctrico, contribuir a la convergencia tecnológica, mejorar la calidad de audio, video y servicios; alentar a la industria local en la producción de instrumentos y servicios digitales y promover la creación de puestos de trabajo".

Es decir, el organismo está llamado a marcar la agenda de la nueva televisión argentina y los plazos para el desarrollo del complejo industrial que permitirá a los hogares ver la emisión digital a medida que los canales comiencen a transmitir en ese formato. Además buscará organizar la distribución de las nuevas señales de aire que podrán tener los canales, lo que es considerado por el Gobierno como una manera de garantizar el acceso de la población a distintas fuentes de información.

También podrá promover el recambio de los televisores para que, llegado el momento, se prescinda de los decodificadores que habrá que utilizar al comienzo para disfrutar de la TV digital, a fin de recibir la señal de manera directa.

Fuentes empresarias rechazaron la creación de este consejo consultivo advirtiendo sobre la injerencia que tendrá en las estrategias de los medios. También destacaron que el Gobierno no reservó sillas para representantes empresarios en este consejo asesor que, de todos modos, tiene la facultad de crear un foro consultivo y llamar a integrarlo a los medios, los trabajadores, la comunidad científica y tecnológica y las asociaciones de usuarios.

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