El Concejo Deliberante aprobó este jueves una nueva emergencia económica, financiera y administrativa municipal por 180 días.

La medida, solicitada por el gobierno de Carlos Arroyo, busca “posibilitar el análisis y replanteo de los principales contratos de prestación de servicios a la comunidad y actos administrativos”, así como “iniciar tareas de reordenamiento, pudiendo establecer nuevos plazos, quitas y eliminación de costos que pudieran existir”, según surge del texto de la norma.

La ordenanza sostiene que esto sucederá “sin afectar la plena vigencia” de las remuneraciones o bonificaciones del personal municipal, ni su estabilidad o derechos en el cargo, “en el marco de lo previsto en las normas de empleo del personal municipal”.

La ordenanza, además, le permitirá al intendente disponer de fondos afectados para gastos corrientes y a suspender el otorgamiento de exenciones de tributos municipales y a revisar las otorgadas. También mantendrá suspendido el uso de celulares a cargo del municipio “en todas sus áreas”, salvo “en aquellos casos en que no existan otros medios técnicos de comunicación disponibles”.

Es la segunda emergencia de esta naturaleza que aprueba el Concejo a pedido del gobierno de Arroyo. La primera había sido solicitada en el inicio de la gestión y aprobada a fines de enero. En aquel caso, también abarcó las áreas social, educativa y de seguridad.