Oscuro: para la Compactación de Vehículos, Cambiemos habría contratado a la misma empresa que denunció por corrupción

Oscuro: para la Compactación de Vehículos, Cambiemos habría contratado a la misma empresa que denunció por corrupción

Hace dos años, la gobernadora María Eugenia Vidal decretó la Emergencia en Seguridad y en el Servicio Penitenciario Bonaerense, tomando la decisión de intervenir las fuerzas con el supuesto objetivo de transparentar las instituciones: lejos de poner en riendas el sistema y limpiar a las mafias enquistadas, el nuevo Gobierno estigmatizó a los trabajadores (falsa purga) y protegió a los superiores acusados de distintos hechos de corrupción, que continuaron y hasta se multiplicaron con la actual gestión.

 

Una situación que refleja este escenario fue lo que sucedió con la Compactación de Vehículos Secuestrados y Móviles Oficiales: durante el Gobierno anterior, cuando la jefa del Servicio era Florencia Piermarini, se abrieron sumarios y se inició una causa penal a quienes adjudicaron la licitación de este servicio, debido a una serie de irregularidades administrativas y negocios oscuros que había detrás de la actividad.

Por este hecho, quedaron sumariados el director de seguridad Inspector General (EG) Marcelo Roger y la Jefe de Logística Prefecto (EG) Karina de La Canal, quien sigue en disponibilidad preventiva desde aquel momento (2015). Casualmente, Cambiemos habría elegido a la misma empresa y con la misma modalidad que la anterior gestión, replicando lo que tanto denunció durante la campaña.

En este contexto, semanas atrás, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, acompañado por el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, supervisó la compactación de 145 vehículos que fueron secuestrados en operativos realizados por fuerzas federales y provinciales. La actividad se realizó en un predio ubicado en la localidad de Lisandro Olmos, partido de La Plata, y allí estuvieron también el subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial de la Nación, Darío Oroquieta; el subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Baric, y el director nacional de Investigaciones, Rodrigo Bonini, entre otras autoridades.

Cuando un vehículo es secuestrado por estar afectado a una causa judicial, comienza el circuito administrativo, ingresando los datos del rodado a la base del Registro Nacional de Vehículos Secuestrados (Renavese). Luego de cumplir con ciertos requerimientos legales, los automóviles llegan a un depósito donde son clasificados entre aquellos que serán compactados y aquellos que serán destinados a fines científicos o culturales, pudiendo ser proporcionados a alguna entidad con reconocidos antecedentes en la materia.

Tanto en el anterior Gobierno como en el actual, hay sospechas de que no se cumple con el proceso legal: “Se compactan algunos vehículos para la tribuna, pero para la gran mayoría no piden permiso a las respectivas fiscalías y arreglan por afuera con la empresa encargada”, detalló una fuente cercana.

En este entramado, la gobernadora  Vidal sacó un importante rédito político levantando la bandera de la transparencia, “limpiando las Fuerzas”, pero distintas investigaciones desenmascararon que la Intervención en Seguridad y SPB, de la mano de Ritondo, por un lado, y del ex diputado denarvaista Fernando Rozas (títere del ministro de Justicia Gustavo Ferrari), por otro, multiplicaron los hechos de corrupción, nomaron ascenso a dedo, instalaron mecanismos de gestión mafiosos, fabricaron nuevos ñoquis con nombre y apellido, empeoraron las condiciones del personal y dejaron a las cárceles a la deriva con los presos dentro.

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