Oscuro panorama en el sector energético

Revertir la crisis requiere inversiones y hasta cinco años de trabajo

Solucionar la crisis eléctrica del área metropolitana tomará entre cuatro y cinco años, requerirá la inversión de unos dos mil millones de dólares y eso sólo ocurrirá si se cambia la actual política "irracional", con tarifas "aberrantes", y, además, se designa otro elenco ministerial para conducir el sector.

Así y todo, la Argentina vivirá al borde de los cortes programados, de luz o de gas, cuando haya picos de demanda, porque el país tiene un "paciente energético" en estado de serio deterioro.

Ésas son las conclusiones del último informe del grupo de ex secretarios de Energía que desde 2009 advirtieron que la Argentina caminaba hacia un problema descomunal en el sector a causa de las equivocadas políticas.

El informe que releva la situación en vista de la crisis de los últimos días de 2013 y los primeros de 2014 fue presentado por Emilio Apud, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña y Daniel Montamat, pero también lleva las firmas de Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte y Raúl Olocco.

Lapeña destacó que la crisis eléctrica que comenzó en 2013 llevó a situaciones caóticas y trágicas, y recordó que a raíz de ella hubo muertes, como el vecino baleado en un piquete de protestas, los fallecidos por incendios por uso de velas y los ancianos que perecieron deshidratados.

Apud detalló que el informe muestra cómo el Gobierno miente cuando ofrece números de diagnóstico y ejemplificó que la generación creció apenas 22,3%, muy por debajo de la demanda. Guadagni explicó que la mayor parte del aumento de esa oferta fue generación térmica, utilizando gas, gasoil y fueloil que se importan.

Las conclusiones son:

La infraestructura de generación eléctrica opera en 2013 al máximo de su capacidad. No existen reservas. Se recurre a exigir a grandes consumidores que suspendan actividades para no afectar al sector residencial.

El sistema eléctrico opera desde hace más de 10 años con distorsiones económicas y tarifarias. El Gobierno no renegoció los contratos. Las inversiones fueron insuficientes y fallaron los controles.

Los resultados de la aplicación de una política de tarifas que no retribuye los costos son verdaderamente lamentables. El volumen de subsidios destinados a mantener tarifas bajas terminó beneficiando a sectores de ingresos medios y altos, que no lo necesitan.

Los cortes son la consecuencia de una política oficial irracional que aplicó el gobierno nacional en estos diez años.

Sin un plan estructural, cualquier medida parcial será estéril.

No hay solución sin cambio de política.

Una eventual nacionalización de Edenor y Edesur no aportará solución y podría empeorar todo.

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