A principios de 2015 fue promulgada la Ley 27.113 que creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap), teniendo el objetivo de promover y coordinar la producción pública de medicamentos para distintos programas del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, desde la asunción de Cambiemos, el panorama para el organismo cambió drásticamente.

“La Anlap llegó a producir el 9% de los medicamentos del programa Remediar, y la intención era llegar a cubrir el 20%”, afirmó a este medio Patricio de Urraza, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y director del organismo hasta julio de 2016, cuando fue echado sin explicaciones mediante un decreto (883/2016) a pesar de que su designación vencía en 2019.

De hecho el programa Remediar, que era el plan que garantizaba el acceso a medicamentos ambulatorios gratuitos a 1,7 millones de personas por mes en todo el territorio nacional, fue dado de baja en marzo de este año, aunque ya se había empezado a desmantelar previamente. En ese sentido, el exviceministro de Salud de la Nación y destacado médico sanitarista, Mario Rovere, remarcó: “Hay un debilitamiento de la política pública nacional. Algunos laboratorios públicos se han visto particularmente perjudicados por el repliegue del plan Remediar”.

El programa por el cual fue reemplazado, denominado Cobertura Universal de Salud (CUS), tiene un alcance mucho más limitado. “Ha caído muchísimo en cantidad de provisión, tanto en el número de botiquines como en el número de cosas que tiene el botiquín dentro. Estamos atravesando una importante crisis en relación a ese tema”, aseguró el exfuncionario.

Lo que dice Rovere ya se expresa en la región: al hospital José Ingenieros de Melchor Romero solían llegar cinco o seis botiquines de medicación común, y entre dos y tres de anticoncepción por mes. Hoy llegan solo dos cajas de medicación al mes y uno de anticoncepción “cada tanto”, según indicaron trabajadores de la salud. De la misma forma, la provisión de jeringas y agujas no bajaba de 400 por mes de cada una, y en la actualidad se redujeron a 100 (este déficit obliga al hospital a comprar el resto para subsistir).

Por otro lado, Patricia Rivadulla, jefa del Laboratorio de Especialidades Medicinales bonaerense, manifestó: “En el Instituto Biológico estamos con el presupuesto congelado. Las producciones se proyectan con seis meses de anticipación. Seguimos produciendo porque tenemos las compras hechas. Pero no se están ejecutando los presupuestos”.

“Nosotros producimos 40 millones de comprimidos. Abastecemos a hospitales, también al programa para diabéticos Prodiaba. Ahora tenemos para producir dos meses más. Después no se sabe qué va a pasar”, explicó.

Cabe recordar que el presupuesto original de la Anlap era de $150 millones, pero el gobierno de Mauricio Macri decidió recortar esos fondos en un 45%, por lo que este año contaría con un monto de $83,8 millones. Sin embargo, al día de hoy todavía no fue ejecutado un solo peso.

“Hasta ahora no hay una señal clara en términos de presupuesto e inversión concreta. Estamos preocupados por eso”, afirmó a este medio Arturo Hoya, director de la Unidad Productora de Medicamentos (UPM) de la Facultad de Ciencias Exactas, una de las instituciones que integran la Anlap.

En ese sentido, señaló que “el dinero es sumamente necesario para avanzar con proyectos y la compra de equipos. La UPM necesita insumos y algunos equipamientos. Si uno quiere aumentar el número de medicamentos desarrollados, se necesitan recursos. Noso­tros seguimos trabajando, haciendo desarrollos, pero en una velocidad proporcional al dinero del que disponemos, que es muy poco”.

Un problema sin remedio para el Gobierno

- La Anlap reúne a 22 laboratorios públicos en 13 provincias del país 

- El presupuesto se redujo de $150 millones a $83,8 millones

- La Anlap producía el 9% de los medicamentos del plan Remediar 

- La Argentina tiene 14,4 millones de habitantes sin obra social ni medicina prepaga, que se atienden en los hospitales públicos (principales destinatarios de programas de abastecimiento de medicamentos)

El rol clave de los laboratorios estatales

El Ministerio de Salud de la Nación tiene la obligación de proveer medicamentos para sus programas, entre los que se encuentran los referentes al HIV, la hepatitis C, la tuberculosis y el mal de Chagas, entre otros. En general, los laboratorios privados no fabrican este tipo de remedios (o lo hacen a un alto costo), por lo que son denominadas “drogas huérfanas”, y su elaboración se vuelve una tarea indispensable de los establecimientos públicos. 

De hecho, las licitaciones internacionales de “tuberculostáticos” (fármacos para tratar la tuberculosis) realizadas por el Gobierno nacional el año pasado habían quedado de­siertas, es decir, ningún laboratorio privado quiso producirlas. Por esta razón se llegó a una situación crítica en noviembre que llevó a la cartera sanitaria a buscar socorro en los laboratorios públicos, y entre la UPM de La Plata y el laboratorio Prozome de Río Negro en tiempo récord produjeron la cantidad necesaria para cubrir el déficit.

Jorge Yabrowski, titular de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), explicó que pasa lo mismo con la droga utilizada para las Interrupciones Legales del Embarazo (ILE). “En su versión de 200 microgramos el fármaco no se fabrica en la Argentina. Por eso, todos las ILE se hacen con oxaprost, que es producido por el laboratorio BETA. Las 20 pastillas para hacer una ILE cuestan entre $3.000 y $4.000. Si se hicieran por producción pública, saldría entre $100 y $200. La diferencia es abismal, pero la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) no habilita esta producción”.

Mucho anuncio y pocos recursos

Según explicó el exviceministro de Salud, Mario Rovere, en la última etapa de la gestión de Cristina Kirchner, el gobierno “había avanzado sobre algunos factores importantes. Uno de ellos era expandirle el mercado a los laboratorios públicos, es decir: tener la producción pública de medicamentos como proveedora del Estado. Hoy, en muchos casos, estos establecimientos dejaron de serlo”.

De todas formas, el pasado 13 de julio, el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, encabezó un encuentro en el cual 22 laboratorios públicos de todo el país firmaron un convenio con la Anlap para “promover la producción pública de medicamentos, vacunas e insumos médicos”.  

No obstante, según explicó el exdirector del organismo, Patricio de Urraza, “la firma de ese acuerdo no tuvo ningún sentido, si la Anlap ya estaba creada justamente para ese objetivo”. De hecho, el compromiso de la cartera sanitaria de habilitar a los laboratorios públicos para cubrir la producción de medicamentos para distintos programas (entre ellos la CUS) todavía no tiene ningún avance en concreto.

Para peor, el reemplazo del Remediar por la CUS deja más dudas que certezas. Urraza remarcó que ese programa “tenía una logística que le permitía llegar hasta la salita más alejada en cualquier lugar del país. De hecho, eso fue lo primero que se desmanteló. Es una incógnita cómo van a solucionar eso”.

Médicos reclaman por el precio de los fármacos

Las autoridades de la Caja de Previsión y Seguro Médico Distrito 1 denunciaron la apremiante situación que atraviesan por el exorbitante aumento de los medicamentos que, aseguran, los obliga a disponer de más de $2.000 mensuales para costearlos, aun cuando cuentan con cobertura de la seguridad social.

Tras una encuesta sobre el tema realizada a los profesionales jubilados nucleados en esa Caja, se reclamaron “medidas urgentes para reducir los costos en fármacos”. En concreto, denuncian que, con ingresos que muchas veces no superan los 15.000 pesos mensuales, deben destinar un porcentaje significativo al pago de medicamentos. En ese sentido, enfatizaron que los productos medicinales “experimentaron un incremento del 100% en el último año, mientras que las jubilaciones solo subieron un 30%”. 

Una encuesta realizada por la Caja Distrito 1 a los médicos jubilados de la ciudad mostró que el 98% consume medicamentos en forma crónica y que el 62% debe ingerir cinco tipos de fármacos o más. A su vez, el 50% respondió que gasta entre 1.000 y 2.000 pesos mensuales en la farmacia, mientras que un 25% dijo que debe abonar más de ese monto, incluso contando con la cobertura que les otorga la seguridad social.

“Todos los días recibimos pedidos de ayuda por parte de los médicos jubilados, porque los costos se dispararon pero las jubilaciones, prácticamente, siguen siendo las mismas”, expresó Ricardo Cerda, asambleísta de la Caja de Previsión y Seguro Médico Distrito 1 y uno de los responsables de la encuesta, durante una reunión con las autoridades de la Agremiación Médica Platense.

Cerda agregó que evalúan la creación de mecanismos que alivien la sobrecarga económica que les provoca la medicación y adelantó que barajan acuerdos con algunas farmacias de la ciudad que podrían ofrecerles descuentos, sobre todo para los productos medicinales que más se necesitan, como por ejemplo antihipertensivos, hipolipemiantes, psicofármacos, anticoagulantes y digestivos.

En apoyo a la situación que atraviesan sus colegas jubilados, el presidente de la Agremiación Médica Platense (AMP), Martín Pedersoli, dijo que “la industria farmacéutica se mueve a partir del trabajo médico y, en ese sentido, sería justo que nuestros jubilados reciban algún aporte de la industria para aliviar el peso de los costos que hoy tienen en medicación”.