En sesión especial de la Cámara de Senadores de la Provincia, fueron designados los auditores, Cr. Ramón Muratore, Lic. Abdo Omar Esper y Dr. Gustavo Ferraris, propuestos por la Comisión de Auditoría de la Cámara de Diputados.

De esta manera, el Colegio quedó integrado por los auditores Oscar Salvatierra, Marcos Segura Alzogaray Mendía, Abdo Omar Esper, Ramón Muratore y Gustavo Ferraris.

En la Auditoria General de la Provincia, se celebró este viernes el acto en el que fue conformado el Colegio de Auditores, con la integración de los miembros designados por el Senado de la Provincia.

"Celebramos el cumplimiento de los mandatos legales, con la integración de los nuevos auditores”, afirmó Salvatierra, quien fue confirmado en la presidencia del Colegio por un nuevo período. Destacó que "la Auditoria tiene jerarquía de un Órgano de Control de rango constitucional y con independencia funcional para regir en todo el ámbito provincial”, y en consecuencia, seguirá trabajando sobre el control de la hacienda pública, en todas sus aristas.

Sobre la Auditoría

La Auditoría General de la Provincia es el órgano colegiado con independencia funcional, administrativa y financiera, competente para el control externo posterior y auditoría de la gestión económica, financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa en atención a los criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia de la Hacienda Pública Provincial y Municipal. Incluye sus organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores de servicios públicos y entes privados adjudicatarios de servicios privatizados.

Examina e informa a la Legislatura, aconsejando su aprobación o desaprobación sobre la Cuenta General del Ejercicio, cuentas de percepción e inversión de fondos públicos y de cualquiera de los estados contables que se elaboren por la Administración Pública Provincial y Municipal.

legitimación para comparecer en juicio por sí misma y en representación del Estado, en los casos que se detecte posible daño patrimonial al Fisco.Los informes, dictámenes y pronunciamientos finales de la Auditoría, tienen la calidad de públicos. Las autoridades provinciales y los agentes y funcionarios del sector público provincial y municipal están obligados a proveerles la información que les requiera.