Ortiz Pellegrini, en las manos de la UCR

La comisión, con mayoría oficialista, dictaminó que debe ser sancionado. Pero el castigo depende de los votos radicales.
La continuidad del legislador juecista Miguel Ortiz Pellegrini en la banca de la Unicameral depende de los miembros del bloque y de la dirigencia del partido que lo vio surgir en la política: la Unión Cívica Radical.

Ayer, como estaba previsto, la Comisión de Asuntos Institucionales dictaminó, por los votos de la mayoría oficialista, que Ortiz Pellegrini violó el artículo 88 de la Constitución provincial al litigar contra la Municipalidad y la Provincia; y propuso que sea sancionado por el pleno de la Unicameral.

Sin embargo, para la eventual aplicación de una sanción (ya sea ésta un simple apercibimiento o una drástica expulsión), las normas exigen los votos de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la Cámara, es decir, 47 voluntades. Y en el esquema de poder que hoy exhibe la Unicameral, esa mayoría agravada depende sí o sí de los votos de los radicales.

Desde mayo último, cuando el legislador delasotista Daniel Passerini –presidente de la bancada de Unión por Córdoba– propuso que su par juecista sea investigado y sancionado, el oficialismo comenzó a trabajar para recolectar voluntades a favor de la expulsión de Ortiz Pellegrini. Pero como la idea de excluirlo no fue bien recibida ni siquiera en el seno del bloque de la mayoría, comenzaron a bajar la pretensión y terminaron ofreciendo consensuar una suspensión de entre 30 y 180 días.

La decisión se tomará, según se obtenga el consenso necesario, en un plazo de siete o 15 días, según fuentes legislativas.

La "negociación". ¿Qué hará el centenario partido con el ex correligionario acusado por el PJ? En principio, el bloque de la UCR que conduce el ex negrista Hipólito Faustinelli (diputado nacional electo) intentará definir una posición unánime, sin fisuras internas.

Esto, para que no se repita la división que provocó en la bancada la polémica designación de Mario Decara en la Defensoría del Pueblo.

A la reunión de bloque de hoy, los legisladores radicales llevarán estas intenciones, aunque con matices: Faustinelli, Miguel Nicolás, Ana Dressino y Carlos Giaveno a favor de no aplicar sanción; María Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti y Norma Poncio, por castigarlo con la mayor dureza posible; Dante Rossi, a favor de aplicarle una sanción pero con un pronunciamiento que reclame igual tratamiento para la causa que se le sigue al oficialista Domingo Carbonetti; y el resto (Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Ítalo Gudiño y María Matar) que sostiene opiniones diversas pero que se allanaría a la posición de la mayoritaria.

Si el bloque no logra ponerse de acuerdo en la reunión de hoy, Faustinelli elevará el tema a consideración del Comité provincial del partido. Allí tampoco le iría bien a Ortiz Pellegrini. Sólo para reflejar una posición que parece compartida se cita la respuesta de un miembro del organismo a la pregunta de qué harían con el caso: "Debemos actuar como lo haría él (Ortiz Pellegrini) si tuviera que juzgarnos a nosotros".

Autodefensa. Enterado del dictamen en su contra, Ortiz Pellegrini convocó a conferencia de prensa para decirse "perseguido" y víctima de una "manipulación falsa" de su trabajo como abogado por parte del oficialismo. "Cualquier sanción que me imponga el bloque de Unión por Córdoba, esa banda –dijo Ortiz Pellegrini–, será para mí una medalla de honor que luciré con orgullo en mi corazón".

El caso

Denuncia. En mayo último, el legislador oficialista Daniel Passerini propuso una cuestión de privilegio (mecanismo sancionatorio del Parlamento) contra el juecista Miguel Ortiz Pellegrini. Lo acusó de violar el artículo 88 de la Constitución provincial que prohíbe a los legisladores litigar contra el Estado en causas patrimoniales.

Investigación. Desde entonces, con la anuencia del propio Ortiz Pellegrini, la acusación fue investigada por la Comisión de Asuntos Institucionales con mayoría del PJ.

El dictamen. Ayer se conoció el dictamen de la Comisión, firmado por la mayoría oficialista. Sostiene que la actuación del legislador "como abogado en las causas en contra de la Municipalidad de Córdoba, como de la Provincia, con posterioridad a su asunción, configuran hechos y faltas objetivas de gravedad institucional (...) que menoscaban la función legislativa...". Lo declara "incurso en la causal de indignidad", en los términos del artículo 99 de la Constitución provincial. Y eleva el dictamen al plenario de la Cámara para que evalúe una sanción.

Carbonetti. La misma Comisión anunció que el 20 de octubre se dará a conocer el dictamen sobre el caso que involucra a Domingo Carbonetti, acusado de litigar a la vez que integra el Jury.

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