Ortiz Pellegrini desmentido por Nostrala

El juecismo nos tiene acostumbrados a las incoherencias, siendo el gran monopolista su propio conductor, el inefable Luis Juez. Con las pruebas a la vista, es evidente que su esfuerzo ha sido contagioso. Ahora sus principales espadas legislativas, el edil Walter Nostrala y el legislador Miguel Angel Ortiz Pellegrini discrepan hasta donde llega la organización municipal frente a un mismo objeto, la empresa municipal de transporte Tamse.
Es extraño que una fuerza que (al menos en los papeles) se concentre en reivindicar el rol del Estado no se ponga de acuerdo en donde termina o comienza la organización estatal. Esto es lo que podría inferirse tras analizar las declaraciones vertidas por ambos referentes la semana pasada, en donde polemizaron indirectamente sobre la naturaleza de aquella empresa. Veamos:

(a) Ortiz Pellegrini, acorralado por las acusaciones que pesan en su contra por haber violado el artículo 88 de la Constitución Provincial, sostuvo el martes pasado ante la comisión que lo investiga que él no hubo de litigar contra el municipio sino contra la Tamse, que es una entidad con personería jurídica propia y, en consecuencia, diferente de la administración municipal;

(b) Nostrala, en la cruzada encomendada por Juez para desestabilizar al intendente Giacomino, sostuvo inmediatamente (más precisamente, un día después de la que su colega) que la Tamse "sufre un desmanejo total", con un déficit galopante que incluye a los proveedores, la ART, el leasing de sus nuevos colectivos y deudas impositivas. Todo este desastre, en palabras del propio concejal, "lo terminan pagando los contribuyentes con sus impuestos".

La conclusión parece ser que, mientras que el presidente del bloque de legisladores juecistas considera que Tamse es una entidad de la misma categoría que las demás empresas de capital privado, el presidente de los concejales del Frente Cívico entiende que, al ser parte de la Municipalidad, sus quebrantos los termina pagando el erario público.

Pública, ¿pero no municipal?

En principio, sostener que Tamse es algo distinto de la Administración municipal es forzar la lógica. Semejante yerro sólo puede explicarse por la necesidad de convencer a los escépticos sobre que los potenciales honorarios resultantes de litigar contra aquella empresa no saldrán de los bolsillos de los contribuyentes que el legislador Ortiz Pellegrini dice representar. Es una coartada, no una proposición.

Las empresas públicas - al igual que los entes autárquicos - no surgieron de la abdicación del Estado por brindar servicios por sí mismos, sino por hacer de estas prestaciones algo más eficientes. Hasta inicios del Siglo XX, el Estado no se especializaba por tener - conforme el discurso estatista tan en boga - un "rol activo", limitándose a brindar servicios relacionados con la custodia de la legalidad y la racionalidad administrativa. Sin embargo, este estado de cosas no duró mucho. A partir de la década del ‘30 fue común advertir intervenciones más o menos amplias del Estado dentro de la economía privada mediante la creación de nuevas herramientas de regulación o de empresas públicas que, generalmente, detentaban cierto grado de monopolio en sus servicios. Esta tendencia, como fue posible advertir, marcó profundamente la ideología y los programas políticos en Argentina a lo largo del siglo pasado, y sus remezones todavía se hacen sentir dentro del discurso nacional vigente.

Aunque la creación de empresas públicas siempre estuvo envuelta en polémicas, nadie puso en duda que ellas se establecían en función del interés público, aunque esto fuera (en muchos casos) un mero pretexto nominal. Como se sabe, el interés público dentro de una democracia es el encarnado por el Estado de Derecho, que no es otra cosa que el imperio de la ley.

El Estado satisface el interés público mediante los recursos que la sociedad ha puesto en sus manos a través de la Constitución y sus leyes, siendo las empresas públicas una herramienta más para el logro de tal cometido. En el caso particular de la Tamse, esta empresa ha sido creada por una Ordenanza, que es la ley municipal, adoptando la forma de una "Sociedad del Estado"; vale decir, el Concejo Deliberante autorizó oportunamente al municipio a descentralizar la gestión y administración de una unidad estatal con el objeto de brindar un servicio de transporte allí donde el interés de los privados había desaparecido.

Los dineros para crear esta empresa fueron recursos públicos, administrados por personas investidas de funciones públicas llamados "funcionarios", independientemente que la ley les haya conferido ciertas facultades para hacer más ágil su desenvolvimiento dentro del negocio del transporte. Los funcionarios deben hacer sólo lo que la ley les manda a hacer, están restringidos a ello, mientras que en la actividad privada la regla es la libertad. Las limitaciones de los funcionarios se explican fácilmente por el carácter público que tienen los recursos puestos bajo su control por la ley.

En todo caso, la descentralización de actividades del Estado en general o del municipio en particular no implica que éstas se transformen en "privadas", toda vez que el patrimonio del sector público no se transforma en "privado" por el solo hecho de la creación de una "Sociedad del Estado", como lo indica el acrónimo de esta empresa municipal. Sostener lo contrario es forzar la semántica de las personas jurídicas, hacerle una gambeta al tema de fondo, que no es otro que los recursos de creación de la Tamse (y los que tapan su abultado déficit) provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Si se adoptara la tesis de Ortiz Pellegrini, no se explicaría porque el intendente, en su calidad de jefe de la Administración, puede nombrar y remover su antojo las autoridades de aquella empresa, o porque se encuentra siempre solícito a brindarle auxilio financiero ante sus cotidianos quebrantos.

Nostrala, panorama aclara

Todo este análisis es evidente para Walter Nostrala, alter ego de Ortiz Pellegrini en el deliberativo municipal. Como se recuerda, este edil fue funcionario tanto de Juez como de Giacomino y, hasta hace relativamente poco, se lo reputaba como una creación política exclusiva del actual intendente. Fue precisamente por estos atributos que el líder del Frente Cívico lo colocó autocráticamente al frente de sus concejales, en la presunción que su conocimiento del municipio colaboraría al propósito de "limar" la gestión de Giacomino. Lamentablemente, y por el momento, su designación sólo ha logrado quebrar una vez más el ya precarizado bloque del "fin del choreo".

Nostrala sabe perfectamente que los desmanejos de la Tamse los pagan los contribuyentes, usen o no el sistema de transporte urbano. Con esta certeza pretende alertar a la opinión pública sobre la ineptitud de los funcionarios del intendente para administrar esta empresa con mínimos parámetros de eficiencia. Pero, y más allá de lo malicioso de su enfoque, el discurso impacta dramáticamente bajo la línea de argumentación de su sospechado correligionario.

Supóngase, haciendo abstracción de las numerosas pruebas en contrario, que la Legislatura exonerase de responsabilidad ética a Ortiz Pellegrini, aceptando su argumento en el sentido que litigar contra la Tamse no significa litigar contra el municipio… ¿Cómo explicar, entonces, que sus honorarios como abogado de los choferes pueden llegar a ser sufragados por el tesoro municipal, dada la endeble situación económica de la empresa y confirmando las peores sospechas de Nostrala? Es claro que no existe una explicación satisfactoria para esta contradicción, y que es tal contradicción la que desecha in limine el descargo del legislador. El Frente Cívico debería hacer un seminario para determinar que cosa es el Estado en una sociedad moderna, dada la disparidad de criterios de sus líderes al respecto y su declamado progresismo, que ahora incluye una especie de incipiente luna de miel con Pino Solanas, ícono del estatismo antediluviano.

Ortiz Pellegrini continúa sin poder explicar su doble rol de litigante - legislador. Tiene un dilema ético que permanece sin resolver a pesar de sus sofismas. Para colmo, Nostrala el panorama aclara, aunque sumerja en la oscuridad al atribulado legislador •

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