En diálogo con El Eco de Tandil, la referente de la CCC, Griselda Altamirano, explicó que elaboraron un documento junto a otras organizaciones a raíz de la situación que se vivió la semana pasada en Villa Cordobita, donde la Justicia ordenó desalojar a cuatro familias. La dirigente denunció una asociación ilícita que existiría entre abogados, funcionarios judiciales y públicos del Municipio de Tandil que “hacen un negocio con terrenos fiscales y utilizan herramientas legales para desalojar a familias”.En el comunicado -firmado por vecinos de Villa Cordobita, Asamblea por la Tierra y la Vivienda Tandil, Asamblea La Poderosa Tandil, Movimiento Evita, Agrupación “1ro. de Octubre” en la Corriente Clasista y Combativa, Patria Grande Tandil, Partido Obrero  y Unión de Juventudes por el Socialismo-, recordaron que en Villa Cordobita, “la empresa Tandilia SRL desapareció en los años 50, dejando propiedades acéfalas y que en estos lotes, muchas familias comenzaron a ejercer la posesión pacífica a fines de los 90, producto de la necesidad de garantizar el derecho vulnerado a la tierra y la vivienda digna, proceso que sigue hasta la actualidad en los terrenos aún libres”.No obstante, manifestaron que “unos pocos vieron e hicieron un negocio de esto, lejos de tener una necesidad. Personas que alambraron hasta más de tres terrenos para luego vender su posesión y otras que simplemente pagaron impuestos para luego acceder a un juicio de usucapión. Estos forman parte de la rapiña del negocio inmobiliario de nuestra ciudad que pretende desalojar a cuatro familias que tienen la posesión real de los lotes de Arlt y Paraguay”.  La denuncia En este contexto, Altamirano detalló que para estas cuestiones se utilizan herramientas legales que conocen y manejan muy bien, incluso contradiciendo el Código Civil y el Código Penal; ya que resaltó que el denunciante no acredita la propiedad y, por ende, no existe delito de usurpación. “Todo esto para restituirle la tenencia a alguien que jamás la tuvo y desalojar a los que sí tienen la posesión real. Esta situación deja en evidencia el tráfico de influencias e involucra a López Santoro, conocido en Tandil por cercar terrenos fiscales y hacer asiduamente juicios de usucapión, en este caso, abogado de Estanislao Campos, quien figura como denunciante”, advirtió la referente de la CCC.Frente a esto, Altamirano manifestó que el abogado habría llamado a declarar como testigos en la causa a “Zulma Ferreira de Theill, funcionaria pública a cargo del área de Legales del Municipio y que también se encuentra ejerciendo posesión de lotes de Tandilia SRL; a Gabriel Occhi que trabaja en la Defensoría Pública 2 y que es de público conocimiento que cercó varios lotes en el barrio, de la misma empresa; y a Mario Melillo quien habita en un lote, tiene cercados los lindantes y ya ha comercializado la posesión de varios, cumpliendo además el rol de cuidador de los lotes alambrados por Occhi”.Otra de las cuestiones que puntualizaron fue que estos dos últimos declararon en la causa haber alambrado junto a Campos los lotes en litigio en el año 2003; por lo que “estamos hablando de un defensor oficial y una funcionaria del Gobierno municipal, personas con acceso a información que nadie más conoce, declarando como testigos voluntarios en una causa para desalojar compulsivamente a cuatro familias y así garantizar que su amigo (o socio) culmine su negocio”.Por último, Altamirano indicó que del expediente que estas personas armaron, también se desprende que habilitaron al denunciante el pago de impuestos municipales, algo que ningún vecino que ejerce la posesión pacífica e ininterrumpida desde hace más de 15 años ha podido lograr. Pedido de respuestasTodo este conflicto se desató ante los desalojos que intentaron llevar a cabo la semana pasada en Villa Cordobita y que lo enfrentaron por lo que finalmente no se ejecutó. Así fue que el jefe de Gabinete, Marcos Nicolini, firmó un convenio junto al jefe de la policía que por 10 días suspendía la medida, la cual se venció el domingo.Por esta razón, es que le exigieron al Concejo Deliberante que investigue e informe sobre el desempeño de la funcionaria Zulma Ferreira de Theill y sus vinculaciones con López Santoro, Gabriel Occhi, Roberto Melillo y Estanislao Campos, “por tráfico de influencias y filtrar datos catastrales para facilitar el litigio constante de estos personajes”. Además, exigieron que el Concejo solicite información a la Justicia sobre los abogados patrocinantes de juicios de usucapión de los últimos 10 años para probar quiénes se han beneficiado y desentrañar la asociación ilícita que denuncian en la que “López Santoro litiga, Occhi no defiende y Zulma Ferreira pasa los datos”.Por último, no sólo pidieron la intervención de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat que solicitó la suspensión por 180 días del desalojo compulsivo (Nota N° 0936/14, recibido en el Juzgado de Garantías N°2 el 23/10/14); sino que “se investigue y se destituya a los funcionarios que no desempeñan bien su rol y se benefician de éste. No hacerlo indica complicidad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el negociado de la especulación inmobiliaria”, concluyó Griselda Altamirano.