Organizaciones de DDHH piden audiencia con el ministro Rodríguez

Los defensores de los derechos humanos pidieron a la sociedad que reflexione de cara a la "crispación" generada por los hechos de inseguridad y así evitar más casos de justicia por mano propia.
Familiares y amigos de Juan Carlos Fernández, el chico de 17 años que murió por las quemaduras sufridas mientras permanecía detenido en la Comisaría Cuarta de General Pico, y de Cristian Azcona, el niño santarroseño de 13 años que perdió la vida en manos de un vecino, acompañaron a los dirigentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y del Movimiento Pampeano de DDHH que ayer ofrecieron una conferencia de prensa.

Mario Canoba, de la APDH, expresó su preocupación por "la situación de crispación que se da en la comunidad" y que las muertes de Fernández y Azcona "nos debe llevar a la reflexión profunda de toda la sociedad".

Cuestionó las "campañas" impulsadas por los grandes medios nacionales que "apuntan a esta historia de la mano dura, de la represión" y antepuso la necesidad de "una mayor inclusión social y un estado comprometido para poder recuperar la palabra solidaridad, que se ha perdido en los últimos años".

"Si algo nos dejó la dictadura es el "no te metas", el "en algo andarán" y en el "algo habrán hecho", justificándose así cualquier muerte, apremio ilegal o hechos de violencia desde el estado, que es el que viola los derechos humanos".

"No todos los que son pobres están sindicados como posibles delincuentes y hay sectores que durante mucho tiempo fueron copartícipes de la corrupción y saqueo de los 90, pero que no son catalogados como delincuentes".

Canoba hizo público el pedido de una audiencia con el ministro de Gobierno, César Rodríguez. "Queremos que reciba a las organizaciones de DDHH y a los familiares, que se involucre en el tema, porque no hemos escuchado ninguna apreciación sobre estas muertes de menores; pareciera que con 100 efectivos policiales más esto se calma".

El abogado Carlos Pérez Funes, si bien aclaró que no tuvo acceso a los expedientes judiciales en ambos casos, dijo que "han habido graves irregularidades" y citó la detención de dos menores testigos (del hecho que derivó en la muerte de Azcona), que "fueron esposados y golpeados".

"Esto atemoriza a los testigos y puede confundir al juez que interviene en la causa. No se debe creer a ciegas lo que dice la policía o los damnificados del hecho".

Pérez Funes remarcó: "Toda la sociedad tiene una responsabilidad en la seguridad, no podemos desentendernos de todo lo que pasa en educación, trabajo y la contención de los menores. Es muy fácil decir que el Estado es el único responsable, es el principal actor pero todos somos responsables y debemos exigir políticas adecuadas para obtener la seguridad".

Los padres de Fernández, reclamaron "justicia" y que lo ocurrido con su hijo "no vuelva a suceder; esto debe esclarecerse cuanto antes y confío en que así será".

"Nadie se acercó a nosotros tras la muerte de Juan Carlos y creo que merecemos el respeto como padres y tener una explicación de lo que ha pasado. Ni el intendente, ni el comisario, nadie se acercó a decirnos, al menos, que nos acompaña en el sentimiento. Se murió y lo tiraron", se quejaron.

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