Organismos oficiales y sociales denunciaron maltratos por parte de juez de Paz de Viedma

Once entidades que integran la Unidad Ejecutora Local y Provincial de Violencia Familiar expusieron ante el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Luis Lutz, las irregularidades que han detectado en la aplicación de la Ley 3040, de Violencia Familiar, por parte del juez de Paz de Viedma, Carlos Mario Iturburu, entre otras cuestiones las dificultades en la recepción de denuncias y advirtieron casos de temor y miedo a represalias que tienen los denunciantes.
En la Unidad Ejecutora trabajan funcionarios y agentes de varios organismos oficiales (Ministerios de Familia y de Gobierno, hospital Zatti, Obispado local, Consejo Provincial y Municipal de la Mujer, Municipalidad de Viedma y la Defensoría del Pueblo, que colabora activamente.

En un documento enviado a Lutz, las entidades detallaron desgano por parte del Juzgado de Paz en atender a las víctimas de violencia, parcialidad de las audiencias "cargadas de juicio de valor" y "argumentaciones ilustradas en referencias a la vida personal del juez de Paz, minimizando situaciones de violencia sin evaluación de riesgos".

También señalaron casos de informalidad y parcialidad para convocar a la parte que no concurre a la audiencia, negativa en aplicar la exclusión del hogar en casos planteados, desestimación de denuncias acerca de violencia psicológica y aplicación de regímenes amplios de visita a favor del agresor o agresor sin evaluar riesgos respecto de niños o adolescentes involucrados, entre otras cuestiones.

En el documento también se puntualizó una inquietante situación. "Si bien estos relatos (de personas que sufren violencia familiar) los veníamos escuchando en forma reiterada, no había sido posible conseguir que firmaran sus testimonios que evidencian tales irregularidades, por las características propias de una persona sometida a situaciones de violencia y el grado de vulnerabilidad por el que atraviesan y, por lo mismo, manifestaron temor y miedo a represalias".

Las entidades consideraron que se debe garantizar a los denunciantes el derecho de ser escuchados y tratados de manera digna y respetuosa y quien resuelva judicialmente "debe hacerlo dejando de lado las respuestas cargadas de juicio de valor subjetivo o ilustrados con hechos de la vida personal". También, observaron situaciones de revictimización de las personas denunciantes y la necesidad de acompañarlas para que no sean maltratadas (ADN).

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