“Estoy de acuerdo porque no es lo mismo un chico de 14 hoy que hace 30 años”, sostuvo Guillermo Lipera, titular del Colegio de Abogados quien estimó que la iniciativa “debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas”.

Lipera advirtió que “un menor que va a un instituto reformatorio sale peor” de lo que entró porque “ahí lo preparan para delinquir más” y cuestionó al Estado porque “incurre en desigualdad a la hora de fijar tipos penales” ya que “sólo pueden ir presas las personas pobres que cometen delitos”.

Por su parte Unicef, a través de María Angeles Misuraca, su oficial nacional de Protección y acceso a la Justicia, admitió la necesidad de discutir el régimen penal de menores -Ley 22.278- que data de la época de la dictadura militar por considerarla “incompatible con los derechos de los niños” aunque advirtió que bajar la edad de imputabilidad “es dar un paso atrás, retroceder”. Por el contrario, admitió que a Unicef le interesa “que se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad”.

También se expresó en contrario la Comisión Provincial por la Memoria que preside Adolfo Pérez Esquivel, desde dónde se señaló que “la baja en la edad de imputabilidad no resuelve los problemas de inseguridad sino que los agrava”.

En tanto que la Correpi advirtió que se intenta “imponer un falso debate legislativo, escondiendo detrás de la biblioteca los cadáveres de miles de pobres” y exigió cambiar “el carácter clasista del sistema judicial” en lugar de bajar la edad de imputabilidad

A su vez, desde la Procuración Penitenciaria de la Nación destacaron que “Argentina es el único país de latinoamérica que carece de un Sistema Penal Juvenil”, lo que “da cuenta del grave estado de situación y la gran deuda que tiene el Estado”.