El organismo que investiga el lavado, al servicio de los Kirchner

La Unidad de Información Financiera recibió un pedido oficial para denunciar a Clarín
La orden llegó a la Unidad de Información Financiera (UIF) entre el viernes 11 y el lunes 14 de diciembre. Directo desde la cúspide del poder: "Avancen contra el Grupo Clarín". Sea con una denuncia, un reporte de operación sospechosa (ROS) o mediante un informe de otras fuentes (IOF). Pero el objetivo era inequívoco: acusar al "monopolio" de lavado de dinero para afectar su imagen pública y la cotización de sus acciones, confirmaron a LA NACION tres fuentes que conocen las discusiones dentro del organismo.

La titular de la UIF, Rosa Falduto, calló cuando LA NACION le consultó el lunes pasado si era cierto que existía ese pedido oficial. Pero a su lado, uno de sus máximos colaboradores, Abelardo Martín Giménez Bonet, integrante del Consejo de Asesores de la UIF por el Banco Central (BCRA), dejó abierta esa posibilidad mientras lamentaba no poder responder de forma asertiva, "porque toda la información que se maneja en la Unidad es confidencial".

Un día después del encuentro con Falduto, el ex presidente Néstor Kirchner reclamó "que la Justicia avance en los procesos de lavado de dinero que involucran a Magnetto [por Héctor, CEO del Grupo Clarín] y a otros para saber si lavaron o no dinero".

El lunes, Giménez Bonet había respondido a LA NACION, sin negar las sospechas. "Me alcanzaba con que me dijera que no recibieron una orden contra Clarín ", replicó LA NACION.

-Ni sí, ni no. No te lo voy a confirmar, ni a desmentir, insistió.

A su lado, Falduto respondió otras preguntas que le hizo LA NACION tras acumular datos de más de una docena de actuales y ex funcionarios y empleados de la UIF durante los últimos dos meses, así como de otras fuentes locales e internacionales que conocen vericuetos del organismo. En particular, sobre la lucha intestina de poder que afecta su labor cotidiana, que causó la salida de decenas de funcionarios y empleados, y alimentó las sospechas sobre la supuesta utilización política de sus registros confidenciales.

Falduto desmintió, tajante, que existiera una "mesa paralela" de expedientes dentro de la UIF, tal como describieron a LA NACION varios informantes que aportaron los nombres de las encargadas de la mesa "normal" y de dos empleadas que se encargarían de los ROS "sensibles", que pasarían antes por el despacho de la titular de la Unidad. Una de esas empleadas para casos "sensibles" se habría encargado de ingresar el ROS contra el diputado Francisco De Narváez, a raíz de un reporte sobre supuestas operaciones de lavado que trascendió antes de las elecciones de junio, violando el secreto.

"No hay mesa paralela, ni reviso los expedientes antes de darle registro", negó Falduto a LA NACION. "Todo lo que llega tiene registro, salvo las notas personales o los memos internos, que cuentan con una firma y una constancia de recibido." Falduto, sí, reconoció que la UIF perdió dos ROS -cuyas órdenes de reconstrucción obtuvo LA NACION y cuya veracidad confirmó el director de Asuntos Jurídicos del organismo, Carlos Bustillo-. Sin embargo, aclaró que los reconstruyeron y se completó una investigación interna por la que se concluyó que no era necesario hacer una denuncia. "Lo más seguro es que algún empleado imbécil los traspapeló dentro de otro expediente y los encontraremos dentro de un año o dos", replicó.

Rotación de personal

También confirmó la elevada rotación del personal, pero negó nombrar amigos de sus hijos: "Ahora hay mucha más exigencia a los empleados y hay que gente que no se acostumbró. Por eso, renunció".

En la UIF trabajaban 50 personas cuando arribó Falduto en enero de 2007. No se les renovó el contrato (o se marcharon) a cerca de 30 -incluidos secretarias generales ejecutivas y directores que ella mismo había nombrado- y amplió la planta a más de 70, entre los que se destacarían amigos de sus hijos, empleados sin antecedentes sobre lavado de dinero y ex agentes, o familiares directos, de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

Falduto negó que trabajen ex agentes de la SIDE, y tanto ella como Bustillo dicen que mejoraron las condiciones laborales. "Jamás se cortó un contrato, como máximo no se les renovó", destacó Bustillo.

Proveniente de la Policía Federal y con el madrinazgo de la jueza federal María Servini de Cubría y la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, Falduto perdió el apoyo de la jueza, pero conserva el de la ex diputada. Ocaña cree que Falduto padece una "operación de Aníbal [por Fernández, jefe de Gabinete] para manejar la UIF". "No le perdonan su independencia política. Están haciendo un golpe de Estado contra Rosita", graficó.

Falduto afirma, no obstante, que conserva "relaciones normales" con Fernández y acotó a "una cuestión interna" el conflicto que mantiene con el vicepresidente de la UIF, Alberto Rabinstein, que generó incluso un cortocircuito internacional (de lo que se informa por separado).

Según reconstruyó LA NACION, Falduto aisló a Rabinstein de las reuniones con los enviados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al país y le impidió el acceso a expedientes "sensibles". Hasta modificó los días de reunión del Consejo de Asesores -segundos y cuartos jueves de cada mes- para que él no acceda a asuntos relevantes si ella debe viajar al exterior.

Sin embargo, Rabinstein decidió quedarse a pesar del destrato, que también incluye la orden de presentarse como director de un curso de postgrado en lavado de dinero, sin aludir a su cargo formal en la Unidad cuando participa en conferencias. A cambio de esas y otras humillaciones, según reconstruyó LA NACION, mantiene su cargo y, por tanto, su salario superior a los 15.000 pesos.

Comentá la nota