En julio de 2014, la Provincia le adjudicó el lote 15 de la manzana 16, en el asentamiento Nueva Esperanza (Atocha), a Verónica Hilda Díaz.

La beneficiaria nunca apareció por el vecindario.

Ese terreno fue vendido, a fines de ese mismo año, a Vanesa Anahí Matorras. La operación, según precisaron fuentes bien informadas, se convino por $35.000 en las propias dependencias de la Subsecretaria de Tierra y Hábitat de la Provincia.

La adquirente del lote de Nueva Esperanza revendió la parcela -se habla de una cifra cercana a los $90.000- y terminó acomodada en Parque La Vega, una semana antes del acto de entrega oficial que sacó a relucir los negocios ilegales con parcelas del Estado provincial.

En Parque La Vega, Tierra y Hábitat le asignó a Matorras el lote 4 de la manzana 23, para lamento de una de las más de 300 familias que resultaron perjudicadas allí por los entramados de clientelismo y corrupción que hoy se investigan en la causa por asociación ilícita y exacciones ilegales.

Matorras es una de las 108 personas a las que la nueva gestión de Tierra y Hábitat les revocó los lotes que recibieron en Parque La Vega, porque se comprobó que contaban con viviendas del IPV, propiedades particulares y terrenos fiscales entregados en otras urbanizaciones estatales.

En la resolución 25/16, que firmó el nuevo subsecretario de Tierra y Hábitat, Ángel Sarmiento, el pasado 30 de febrero, Matorras fue intimada a desalojar el lote de Parque La Vega en 48 horas por tratarse de una "adjudicataria de Tierra y Hábitat en la manzana 15, lote 16, de Nueva Esperanza, en grupo familiar que tiene como conviviente declarado a Horacio Ernesto Mercado".

La citada observación, frente al listado de adjudicatarios de Nueva Esperanza, contenido en la resolución 73/14 de Tierra y Hábitat, prueba que el organismo cambió de manera irregular a una adjudicataria (Verónica Díaz) por otra (Vanesa Matorras) en el loteo de Atocha.

Con el cruce de ambas documentaciones públicas, El Tribuno también confirmó que la dependencia provincial le asignó a Matorras otro terreno estatal en Parque La Vega, en tiempo récord, al cabo de operaciones que elevaron los valores de reventa ilegal de la parcela de Nueva Esperanza.

Y eso no es todo. El matrimonio que adquirió finalmente el lote de Atocha, según testimonios aportados a este diario, habría pagado $25.000 para que Tierra y Hábitat lo inscriba como legal adjudicatario .

En resumen, un mismo terreno entregado por el Estado provincial cambió de manos tres veces en menos de dos años, en abierta violación a las leyes que prohíben cualquier transferencia o negociación con fines especulativos de las parcelas destinadas a familias de escasos recursos.

Mirá las resoluciones 73/14 y 25/16, que prueban la adjudicación de un mismo lote en Nueva Esperanza a grupos familiares diferentes. La resolución 25/16 detalla, asimismo, los motivos por los que 108 lotes de Parque La Vega fueron revocados y sus ocupantes intimados a desalojarlos el pasado 29 de febrero.