El STJ ordenó una investigación al ex juez Carlos Jorge

Una fiscal debe investigar si el magistrado hoy jubilado cometió algún delito. A las causas no se les daba ingreso y pasaban años sin que se movieran. No pudo saberse cuántos expedientes había radicados.
El Superior Tribunal de Justicia, a través de una resolución del pasado martes 14 firmada por el presidente Víctor Luis Menéndez y la ministra Rosa Elvira Vázquez, le dio vista a la fiscal de turno, Alejandra Ongaro, para que investigue la posible comisión de un delito por las graves irregularidades detectadas en el funcionamiento del Juzgado de Instrucción 5.

En los considerandos de esa resolución, Menéndez y Vázquez, dijeron textualmente que de "los informes, observaciones y conclusiones generales" de la auditoría que el S.T.J. ordenó en ese tribunal, "surgiría, en principio, la existencia de hechos que podrían constituir delitos de acción pública".

Aunque no se mencionan nombres ni apellidos, la mira quedó puesta sobre el ex juez Carlos Omar Jorge, quien estuvo al frente del Juzgado 5 entre los años 2000 y fines de 2007, cuando se jubiló por el sistema de retiro anticipado. El secretario del tribunal es Guillermo Casal. Tampoco se habla de delitos, pero en primer plano surge el posible incumplimiento de deberes de funcionario público, aunque eventualmente Jorge quedaría a salvo porque está fuera del Poder Judicial.

El minucioso trabajo de auditoría tiene seis carillas de conclusiones generales. Allí dice lo siguiente:

* El juzgado está dotado de un sistema informático (Lex Doctor) que, por sus características, permite encontrar "la totalidad de las causas en trámite registradas (...) Nada de ello ocurrió, dado que en la mayoría de las causas relevadas no se compadecía el estado en el que se encontraban, con lo que se hallaba en el historial de la causa".

* En el listado general de ingreso de expedientes se advirtieron "saltos en los registros numéricos". Ante la ausencia de números "no es posible determinar si se está ante un error de registro, o ante una asignación de un número a una causa que no se ha registrado en el sistema informático".

* Se advirtió la existencia de causas cargadas en el sistema informático con una determinada carátula, "cuyo registro numérico no corresponde al correlativo del sistema". Cuando fue consultado el secretario del tribunal (Casal), respondió que esas causas no existían y que se trataba de errores de carga.

* Tampoco se ingresaron al sistema informático causas remitidas temporalmente a otros organismos (tribunales de alzada, defensorías, fiscalías, etc.) que luego fueron devueltas al juzgado.

* Existe una gran cantidad de causas a las que no se le imprimió ningún tipo de trámite. Se hallaron expedientes que tenían "períodos de más de dos años continuos sin la realización de ninguna diligencia".

* Entre la mayoría de las causas en trámite de instrucción, se observó una falta de continuidad en el trámite del proceso. En ellas pudo constatarse "la existencia de períodos que van desde los seis meses a los cuatro años, en promedio, en los que se no se realizó ningún tipo de diligencia o en los que si bien existen, son discontinuas con relación al tiempo en que se produjeron".

* Se constató que en algunas causas "se reiteraba una misma diligencia en tres o más oportunidades, sin advertirse a la fecha en la que los expedientes fueron relevados, contestación o producción de las diligencias dispuestas (...) En la mayoría de los casos no se encontraron agregadas a la causa las constancias propias del diligenciamiento de las medidas ordenadas".

* En las actas de recepción "no se detallan de manera pormenorizada los objetos o efectos secuestrados", y las veces en que se los consigna, la descripción resulta generalmente "insuficiente", puesto que impide "la individualización del objeto".

* Cada sumariante tenía una listado de causas para trabajarlas. Durante la auditoría se hallaron expedientes que "no tenían un miembro responsable asignado o que tenían uno que ya no prestaba servicio en el organismo (...) En consecuencia, tampoco resultaron fiables los listados proporcionados por el secretario al comienzo del relevamiento".

* Muchas causas reservadas (caratuladas NN por ser de autores desconocidos) fueron ingresadas al sistema informático y asignadas con una diferencia en el tiempo que iba de uno a dos años. Por ejemplo, un sumario policial recibido en 2005 era ingresado en 2007.

* El "denominado común" de las causas correccionales (delitos menores con penas de hasta tres años) que estaban para fijarle fecha de debate era que permanecían en ese estado "por períodos que iban de ocho meses a tres años". Al final, "en escasas oportunidades se fijaba fecha para la realización del debate o juicio oral".

* También la auditoría observó que en aquellas causas con fecha de debate "comenzaban a operar sucesivas suspensiones del juicio, que en la mayoría de los casos culminaba con la extinción de la acción penal por prescripción y, posteriormente, con la sentencia que así lo declaraba".

* Una "considerable" cantidad de causas correccionales registraban una demora que, en algunos casos, llegaba a ser de un año, desde que el expediente era recepcionado en el juzgado hasta el primer proveído.

* En otras causas remitidas al juzgado por incompetencia pasaban de uno a tres años entre la fecha de ingreso hasta el dictado de la resolución de incompetencia.

* Se hallaron sumarios policiales sin ingresar al tribunal. "Como no fueron incorporados al sistema informático, se impidió contar con un dato cierto de la cantidad de causas que posee el juzgado".

* La auditoría encontró causas paralizadas, desconociéndose el motivo de ello. A modo de ejemplo, "se encontraron causas con el decreto de clausura de la instrucción firmado y debidamente notificado (que datan de años atrás), sin remitirse al respectivo tribunal de juicio".

* "Fueron halladas diligencias realizadas por la policía, de las que se desprende la identificación de los posibles autores de los hechos investigados, que no fueron agregadas a las causas a las que correspondían".

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