Ordenanza información publica aprobada

El jueves hubo sesión del HCD, una reunión con características diferentes a las que los ediles nos tenían acostumbrados, si bien hubo algunos temas donde primó la discusión, fue tranquila, en este caso con una de las ordenanzas que fueron aprobados transcribimos fundamento del concejal Creus y la ordenanza .
El acceso a la información pública es uno de los mas importantes componentes del derecho humano a la información, siendo su propósito que los ciudadanos tengan la potestad de requerir cualquier documentación o información en poder del Estado y, a su vez, implica la obligación de los funcionarios y organismos públicos de ofrecer las condiciones y garantías para el ejercicio libre de este derecho.

QUE en la actualidad la provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley 12.475, sancionada el 5 de julio de 2000 y promulgada por Decreto 2.877/2000 del 15 de agosto del mismo año (B.O. del 29-08-00) por la que se reconoce a toda persona física o jurídica, el derecho a acceso a documentos administrativos cuya divulgación no se encuentre prohibida expresamente, siendo su examen de carácter gratuito. QUE si bien el principio de publicidad de los actos de gobierno está contemplado en las normas constitucionales, en las Convenciones Internacionales con jerarquía constitucional, en Leyes Nacionales y Provinciales, es conveniente que el Municipio de Salto, regule el procedimiento de Acceso a la Información Pública, como lo han hecho muchos Municipios de la Provincia.

ORDENANZA

ARTICULO 1º Regulase el mecanismo de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Municipio de Salto, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento, a fin de permitir y promover una efectiva participación ciudadana a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz, en forma gratuita.

El fundamento del Concejal Creus fue el siguiente Tanto el decreto 1172/2003 sobre "Mejora de la Calidad de la Democracia y sus Instituciones" elaborado desde la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de la Presidencia de la Nación, como la creación de la Dirección Provincial de Fortalecimiento Institucional y de la Democracia, en al ámbito de la provincia de Buenos Aires, indica la preocupación de el Estado por dotar de mecanismos para mejorar la transparencia en la función pública y las posibilidades de control y participación ciudadana, lo que resulta esencial para el fortalecimiento del sistema republicano y democrático.

Hoy este Honorable Concejo Deliberante debe sentirse orgulloso de haber sabido oír los reclamos de estos poderes del Estado y después de un prolongado paréntesis haber traído a este Recinto este proyecto de ordenanza cuya aprobación solicitamos al Cuerpo.

¿Y porque creo que debe ser aprobado ? porque la publicidad de los actos de gobierno y la materialización del principio de transparencia, cumple funciones de fundamental importancia en el sistema republicano.

En primer lugar, satisface el derecho de los habitantes a estar informado acerca de los actos de gobierno y de ese modo ejercer el derecho a controlar tales actos y a participar de la gestión pública, ejerciendo el derecho de peticionar y de elevar propuestas a través de los mecanismos provistos para ello por la Constitución Nacional: artículo 14 Peticionar a las autoridades; artículo 36 Iniciativa Popular; artículo 40 Consultas Populares.

También el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional le asigno jerarquía constitucional estable que: " Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio a su elección".

Cabe recordar también lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su "Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión" aprobada durante su 108° periodo de sesiones, en la interpretación del referido artículo 13 de la Convención dice: "... el Derecho a la Información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio solo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente para el caso de que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas".

Pero no se agota en estos artículos el valor del principio de publicidad de los actos de gobierno y, por ende, del principio de transparencia, para la plena vigencia y fortalecimiento del sistema republicano de gobierno.

Dicho principio constituye un aspecto fundamental en la lucha contra la corrupción administrativa.

Este concepto esta reafirmado en el ya citado decreto 1172/2003 cuando dice: "...para lograr el saneamiento de las instituciones debe darse un lugar primordial a los mecanismos que incrementen la transparencia de los actos de gobierno, a los que permiten un igualitario acceso a la información y a los que amplían la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración...".

Agradezco al Foro Social para la Transparencia que me haya facilitado un ejemplar de su "Guía Ciudadana" de donde extraje algunos de los conceptos aquí vertidos.

En su edición del 17 de abril, el diario "Clarín" publico una nota titulada "Argentina, un país en deuda con el acceso a la información". En ella el periodista Miguel Wiñazhi termina diciendo: "El derecho a la información es esencial a la democracia, como el agua y el aire. Y la alianza entre el secreto y el Poder es un muro que no lleva a ninguna parte". Hoy tenemos la posibilidad de derribar ese muro. Hagámoslo.

Comentá la nota