Ordenan en Mendoza no aplicar la Ley de Medios en todo el país

Ordenan en Mendoza no aplicar la Ley de Medios en todo el país
La magistrada Olga Pura Arrabal, del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, falló a favor de una presentación hecha por el diputado Enrique Thomas, quien cuestionó el tratamiento que se le dio al proyecto en la Cámara baja. La suspensión tiene alcance nacional.
La jueza federal Olga Pura Arrabal rubricó un fallo por el cual ordenó la suspensión de la aplicación y los actos de ejecución de la ley 26.522, conocida como Ley de Medios audiovisuales, a nivel país. Medida, que se suma a otros dos fallos de fecha reciente.

Lo resuelto responde a una medida de no innovar reclamada "por su derecho y en su carácter de ciudadano" por el diputado nacional por Mendoza Enrique Thomas.

Paralelamente también se hizo lugar a la acción de amparo entablada contra el Estado Nacional, donde se intima al Poder Legislativo y al Ejecutivo, imponiendo un plazo de ocho días en razón de la distancia, para que comparezcan, contesten, ofrezcan pruebas y constituyan domicilio procesal dentro del radio del Juzgado, es decir la ciudad de Mendoza.

Precisamente este planteamiento podría llevar la causa a un litigio de años, pero mientras tanto, la aplicación de la Ley de Medios audiovisuales estará suspendida.

La presentación del legislador mendocino tuvo el patrocinio legal de Luis Leiva, ex juez federal y contrincante político del denunciante en las últimas elecciones.

Argumentos

Inicialmente se hace referencia a "los graves e insalvables vicios" en que incurrió el trámite parlamentario. Ahí se hace mención a las fallas cometidas tanto por las "comisiones intervinientes" como la "convocatoria a sesión especial", lo que trajo aparejado que los actos fueron llevados a cabo "con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, en violación de los procedimientos y formas previstas por el reglamento" de la propia Cámara de Diputados.

Más adelante, Thomas, en la presentación ante la Justicia Federal, alega que "es su responsabilidad, velar por el derecho de sus mandantes". Y después reflexiona: "Lo que se encuentra en juego es un interés propio del legislador que no viene en representación del órgano que integra, ni del pueblo de la Nación que lo eligió", sino que promueve la acción porque "la sanción de una ley sin haber respetado el procedimiento establecido al efecto, implica un vicio de gravedad de la misma, que puede ser impugnada judicialmente por el legislador". Y refuerza la argumentación al recordar que "se ha visto vulnerado el derecho que le asiste como diputado de la Nación a participar en el procedimiento de discusión y sanción de las leyes...".

Nulidad

Como se recordará aquel 16 de setiembre, día en que fue aprobada en diputados la ley 26.522, un grupo de 31 legisladores, entre los que se encontraba el mendocino Thomas, expresaron su posición en un documento bajo el título: "No queremos una ley para los monopolios sino para el pueblo".

En aquella oportunidad tras señalar que no coinciden con el Proyecto de Ley de Radiodifusión que el Ejecutivo Nacional "trata de imponer, apoyado por el bloque parlamentario del Frente Para la Victoria", destacan la decisión de "no avalar ni con su voto ni con su presencia la votación de ese día", al considerar que "el procedimiento está viciado de nulidad y en consecuencia viola el reglamento de la Cámara, impidiendo el conocimiento de su contenido no sólo a los legisladores, sino también a los propios medios de comunicación y a la opinión pública en general", según lo que reza el art. 113 del reglamento de la propia cámara de representantes.

Consideraciones

La jueza (la primera en la historia de la Justicia Federal de Mendoza) analizó las pruebas aportadas, entre ellas las versiones taquigráficas de la Cámara de Diputados, y entre sus considerandos rescata que prima facie se ha incumplido con el art 110 del reglamento que establece "que los despachos de comisión sólo podrán ser firmados en la sala respectiva".

También hace hincapié en que el dictamen de comisión "no se puso a disposición de la prensa durante 7 días hábiles", lo que "afecta la legalidad del acto en sí, e indirectamente al derecho que le asiste como legislador de realizar los actos que le competen en el seno de la Cámara; de los que ha sido privado".

Finalmente apoyando su posición en obras de autores como Andrés Gil Domínguez y Calamandrei o Adolfo A. Rivas, la jueza fijó su posición y resolvió "hacer lugar a la medida cautelar peticionada" y en consecuencia ordenó: "la suspensión de la aplicación y los actos de ejecución de la ley 26.522, mientras se sustancie el presente y sin que ello implique prejuzgamiento".

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