La empresa desapoderada al detenido Cristóbal López, Oil Combustibles -ya en manos de los administradores designados por la Justicia hasta que se decida quién se queda con ella tras la declaración de su quiebra- podrá disponer de unos 500 millones de pesos que estaban embargados en diversos juicios de ejecuciones fiscales iniciadas por la AFIP, que reclama el pago de una deuda superior a los 20 mil millones de pesos, antes de su presentación en concurso de acreedores.

Así lo resolvió el juez en lo Comercial Javier Cosentino, luego de recibir un informe del organismo recaudador reclamado por la sindicatura de la quiebra, un estudio de abogados y contadores que reemplazaron al directorio de la firma que integraba el socio de López y también detenido Fabián de Sousa, ya fuera de la administración de la empresa. Ambos deberán dar explicaciones en setiembre ante el juez, para explicar la "composición de los activos" de la firma, controlada hasta su quiebra por otra empresa del llamado Grupo Indalo.

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El dinero, según dijeron fuentes judiciales, se utilizará primordialmente para pagar sueldos y eventuales indemnizaciones de los trabajadores de la refinería de San Lorenzo, supuestamente el principal activo de la firma aunque al parecer poco atractivo para los interesados en continuar con la empresa. De acuerdo con lo dispuesto por Cosentino, sus colegas del fuero de Ejecución Fiscal deberán transferir los fondos embargados a la cuenta bancaria abierta en el proceso de quiebra.

La medida dispuesta por el juez de la quiebra no alcanza a las restricciones impuestas por el juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa penal seguida contra López y De Sousa por impulso de la AFIP, según dijeron en los tribunales comerciales. Además, fuentes de Comodoro Py aclararon a Clarín que los embargos dispuestos en la causa penal al momento de los procesamientos aún no se ejecutaron por las idas y vueltas de la causa, aunque sí aclararon que ambos imputados cuentan con una inhibición para vender o comprar bienes

Este jueves se abrieron los sobres con las cinco ofertas para mantener activa a la empresa hasta que se definan sus nuevos dueños. El trámite se llevó a cabo sin sobresaltos en el sexto piso de los tribunales en lo Comercial ubicados frente a Plaza Lavalle ante unas 30 personas y ahora Cosentino estudiará las ofertas para definir a fin de mes por cuál de ellas se inclina.

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Las firmas que presentaron propuestas fueron las holandesas Trafigura y Vitol, la rusa Lukoil y la argentina YPF. También hubo una propuesta de una cooperativa conformada por los trabajadores de la refinería pero que tendría poca chance de prosperar, según dijeron las fuentes consultadas por Clarín.

A último momento, pero fuera de término, se presentó interesada otra firma de origen holandés, Gunvor, pero su propuesta no era para administrar temporariamente a Oil sino directamente para comprarla. El juez le respondió que deberá presentarse cuando llegue ese momento luego de cumplidos todos los pasos procesales de un procedimiento de quiebra. En la misma situación estaría la suiza Glencore.

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El magistrado a cargo del caso también autorizó la renovación del contrato que Oil ya tenía con una empresa de remediación ambiental, ya que ese aspecto es "el norte" de su intervención en la firma, según lo escribió en el expediente, más allá de la situación de los trabajadores y los otros acreedores. La empresa se llama Clean Sea S.A.

La cuestión ambiental, motivo de reuniones con las autoridades de la provincia de Santa Fe, fue explícitamente incluida en su propuesta por YPF, que se ofreció a colaborar de manera gratuita con especialistas y maquinaria para solucionar esa cuestión. Oil tiene un millonario juicio pendiente de resolución en un juzgado de San Lorenzo iniciado por vecinos afectados por caños de gas que pasan por debajo de sus casas.

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Según lo que pudo saber Clarín de fuentes allegadas al proceso de quiebra, la petrolera nacional no ofertó por la refinería, a la que consideraría "obsoleta", pero sí por el puerto sobre el río Paraná y las más de 300 estaciones de servicio que Oil le había comprado siete años atrás a Petrobras, con la empresa Destilería Argentina de Petróleo (DAPSA) como asociada.

La AFIP reclama a Oil el pago de unos 17 mil millones de pesos adeudados por no haberle transferido las alícuotas correspondientes al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que le cobraba a cada uno de sus clientes cada vez que cargaban nafta o gasoil en sus estaciones de servicio y que ella administraba como agente de retención.

Con la empresa quebrada, a la AFIP ahora sólo le queda el camino de instar acciones de responsabilidad contra los ex directores de la firma e ir por sus bienes para cobrarse la deuda. En ese sentido, los abogados del ente recaudador hicieron una presentación en la causa penal que tiene presos a López y De Sousa e impulsarán la acción en el expediente de la quiebra ante los síndicos ahora a cargo de la empresa.