Ordenan investigar los abusos de la CIA durante la era Bush

Lo dispuso el secretario de Justicia de Obama
WASHINGTON.? Otro paso más para que la olla empiece a destaparse. El fiscal general de Estados Unidos, un hombre designado por el presidente Barack Obama, dispuso investigar la eventual apertura de juicios contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por "abusos" en el interrogatorio a detenidos sospechosos de terrorismo durante el gobierno de George W. Bush.

La decisión, que llega tras meses de vacilaciones dentro del gobierno, se conoció junto con informes reveladores de nuevos y escabrosos detalles sobre torturas a detenidos. Entre ellos, el uso de taladros eléctricos, la existencia de ejecuciones simuladas y amenazas de muerte a los hijos y otros familiares de los detenidos si éstos no colaboraban. Todo eso se suma como nueva evidencia a los casos ya conocidos de "submarino" (asfixia simulada) y maltrato.

La medida causó un fuerte revuelo en el país. "Sé lo que estoy haciendo y sé que será controvertido", afirmó el fiscal general (secretario de Justicia), Eric Holder. "Pero con toda la información que hay disponible, sé que éste es el paso que corresponde dar", añadió. Dentro de la CIA, hubo intentos de tranquilizar a numerosos agentes, inquietos por la perspectiva de un futuro plagado de visitas a los tribunales.

"No se inquieten, estamos con ustedes", se les hizo saber desde sectores cercanos al director de la agencia, Leon Panetta.

Lo paradójico del caso es que esto no significa que los interrogatorios especiales vayan a terminar.

Por el contrario, el gobierno demócrata dispuso que sigan adelante, aunque con limitaciones y no ya bajo el paraguas de la CIA, sino con el control directo de la Casa Blanca. Todo mediante la creación de una nueva unidad de tareas, denominada HIG (Grupo Interrogatorio de Detenidos de Alto Valor).

La nueva unidad, que intenta limpiar el escándalo de las torturas en los interrogatorios durante el gobierno de Bush, fue aprobada por Obama antes de irse de vacaciones.

Según trascendió, tampoco implica eso que la CIA quede de lado, sino más bien que pierde la primacía absoluta y que debe estar en un segundo plano. La conducción operativa pasa ahora a manos del FBI, que depende del Departamento de Justicia, con supervisión directa de la Casa Blanca.

Los dos pasos -la investigación judicial de varios casos de abusos de la CIA y la decisión de degradar su papel en los interrogatorios de acusados de terrorismo- implican una incómoda toma de posición por parte del gobierno de Obama.

Si bien el presidente había condenado públicamente la tortura, también se había mostrado reacio a cualquier investigación del tipo "tribunales de la verdad". Y había manifestado su preferencia por "mirar hacia adelante" en lugar de aferrarse al pasado.

Ante las vacilaciones del gobierno demócrata, el que dio un paso adelante fue el fiscal general Eric Holder, que dispuso nombrar un fiscal específico para que revise algunos casos de abusos y determine si corresponde llevar a alguno de sus miembros a tribunales.

La responsabilidad de la tarea cayó en el fiscal general de Connecticut, John Durham, un hombre que viene creciendo en la estructura del poder judicial por investigaciones anteriores, entre ellas la que probó la destrucción de cintas de la CIA en las que se habían grabado interrogatorios extremos.

A Holder se le hacía difícil no avanzar. Un informe de la Comisión de Etica de la Secretaría de Justicia filtrado ayer recomendaba abiertamente "procesar" a empleados y contratistas de la CIA por los abusos.

Tras los anuncios, corrió el temor en los pasillos de la CIA. Los nuevos casos difundidos ayer "son historia vieja", intentó minimizar el director de la agencia. Al igual que Holder, Panetta fue nominado para ese cargo por el propio Obama.

"El uso de métodos duros de interrogatorio, iniciados cuando nuestro país tuvo que reaccionar frente al horror del 11 de Septiembre, llegó a su fin en enero", con la asunción de Barack Obama, que prohibió cualquier técnica que pudiera asemejarse a la tortura, dijo Panetta en una nota a sus subordinados.

La interpretación en círculos políticos fue que el texto buscaba aclarar que no habrá procesamiento de agentes de la CIA, porque actuaron cumpliendo órdenes. Y, pese a los intentos tranquilizadores de las autoridades, la verdad es que -desde la llegada de Obama- la CIA viene perdiendo poder.

Organizaciones de derechos humanos están convencidas de que ha llegado la hora del proceso. "Los nuevos testimonios prueban los serios crímenes que cometieron oficiales del gobierno en los interrogatorios de prisioneros", con actuaciones que "no sólo son censurables, sino también ilegales", dijo el titular de la Asociación para las Libertades Civiles (ACLU), Anthony Romero.

El capítulo abierto ayer se enmarca en el intenso debate que viene sacudiendo al país sobre la posibilidad de revisar violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Bush.

En estos meses, el sector más duro de los republicanos defendió abiertamente el uso de tortura. "No sólo es legal, sino muy eficaz", dijo el ex vicepresidente Dick Cheney.

Obama tomó distancia de esos conceptos, pero tampoco pareció convencido de abrir una investigación, vacilación que le generó críticas de los sectores más progresistas.

"El presidente cree que es el fiscal Holder el que debe tomar la decisión en este caso", dijo ayer el vocero presidencial durante las vacaciones de Obama, Bill Burton.

Los nuevos elementos conocidos ayer surgen de un informe realizado en 2004 por quien era inspector general de los servicios secretos, John Helgerson. En él se señala el uso de taladros eléctricos y la apelación a ejecuciones y asfixias simuladas.

Además, revela que los agentes de la CIA amenazaron con matar a los hijos del cerebro del 11 de Septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, mientras que a otro detenido lo amenazaron con obligarlo a presenciar la violación de su madre.

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