Ordenan indemnizar a uno de los secuestradores de Macri

El Estado tendrá que pagarle US$ 300 mil porque lo torturaron para que confiese.
El Estado argentino tendrá que indemnizar a un ex policía federal por las torturas que sufrió en 1991 -de parte de otros policías- para que confesara el secuestro de Mauricio Macri, actual jefe de Gobierno porteño. Es una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adoptada la semana pasada en San José de Costa Rica.

El fallo supone un grave llamado de atención para el país. No tanto por el monto de la condena, de 297.000 dólares por daños y perjuicios, sino porque este tipo de sentencias no son frecuentes. Y, además, esta vez la Corte fue más allá de caso puntual e hizo una observación general: le ordenó al Gobierno que capacite a sus fuerzas de seguridad, investigación y administración de justicia en "actividades de difusión y formación sobre la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

Este es el final de la saga judicial del secuestro de Macri. Era todavía un joven empresario, heredero de un pool de empresas, cuando tres hombres lo golpearon en la puerta de su casa. Lo ocultaron en un sótano de San Telmo durante 13 días y lo liberaron tras el pago de un rescate de 6 millones de dólares (ver Antecedentes).

El ex comisario Juan Carlos Bayarri fue uno de los detenidos como sospechosos del secuestro. Pasó preso exactamente 12 años, 6 meses y 5 días en prisión, hasta que la Cámara Federal porteña determinó que había sido víctima de tormentos y lo sobreseyó. Los policías que investigaron el hecho terminaron imputados.

Sobreseído, Bayarri exigió una compensación económica. Y como no se la dieron, demandó al Estado ante la Comisión Interamericana, que en enero elevó el asunto ante su Corte. La sentencia conocida ayer señala que el Estado argentino violó los derechos de libertad e integridad personal, e "incumplió su obligación de investigar con la debida diligencia la tortura a la que fue sometido el señor Juan Carlos Bayarri".

Otra orden que recibió el Estado fue la de "eliminar inmediatamente" el nombre de este ex policía de cualquier antecedente penal, aparte de avanzar con el procedimiento para castigar a los torturadores.

La CIDH se creó en 1984. Hasta ahora, Argentina había recibido dos condenas y cuatro recomendaciones por violación a los derechos humanos; las dos condenas, por responsabilidad de la Policía Federal.

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