Ordenan frenar la venta del ex shopping Paseo del Sol

El juez Civil y Comercial, Carlos Dávila, fijó un plazo improrrogable de 60 días para que la Municipalidad de Santa Fe tome las medidas conducentes a dejar sin efecto la venta del inmueble en el que funcionaba el shopping Paseo del Sol.
Además, el magistrado insistió en que dicho inmueble es propiedad del municipio y determinó que no se le puede dar otro uso que no sea la instalación de un centro comercial.

Así lo informaron los abogados Juan Carlos y Diego Genesio, apoderados de un grupo de comerciantes que hasta el cierre del shopping tenían locales en el lugar.

El fiscal municipal, Aidilio Fabiano, no había sido notificado por la Justicia hasta este mediodía de la resolución del magistrado. De todos modos, recordó un dictamen de la Fiscalía, presentado ante el Concejo Municipal: "En ese momento dijimos que existe un decreto firmado durante la intendencia de Marcelo Álvarez -en el 2004-, en el que se daban por cumplidos los cargos de la empresa, que consistían en la construcción de un shopping, la donación de 12 toneladas de asfalto, la obra de gas en El Pozo y que el 70 % de los empleados contratados fueran de Santa Fe".

La última decisión que había tomado el juez Dávila en este caso fue ordenar la suspensión de las obras previstas por la empresa Megalogística (propiedad del grupo Megatone) y cualquier tipo de transformación del predio donde funcionó el Shopping Paseo del Sol.

Se trata de 23 hectáreas que en 1997 fueron transferidas por el municipio a la firma Future Maker SA por 28.320 pesos y con una serie de condiciones que, según los denunciantes, no se cumplieron.

Básicamente, estos vecinos venían reclamando a la Justicia la rehabilitación y reapertura del local "conforme a su destino, sea bajo directa administración municipal, gestión comunitaria o cooperativa de comerciantes, adjudicación por licitación pública o la figura jurídica que mejor se adapte".

Este reclamo estuvo formulado en el marco de la Ley 10.000, denominada de "protección de intereses difusos". Esa ley permite que los particulares que se sienten lesionados en sus intereses simples o colectivos -por su misma condición de ciudadanos- promuevan recursos sumarios contra la administración pública, reclamando la tutela judicial para la conservación ambiental, la preservación del patrimonio histórico, cultural o artístico o la defensa de valores similares de la comunidad.

Según el abogado Juan Carlos Genesio, la ciudad podrá recuperar ahora este predio pagando "los 28 mil pesos originales", porque así aparecía establecido en el contrato original.

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