Ordenan que se extraigan muestras en Pacará Pintado

La Cámara en lo Civil y Comercial Común busca dilucidar si el predio genera contaminación. Mediante una sentencia interlocutoria, los vocales Ibáñez y Avila pidieron que un ingeniero químico efectúe las pericia
Dos camaristas decidieron concretar un peritaje técnico en la planta de tratamiento de residuos de Pacará Pintado antes de resolver sobre un recurso de apelación presentado por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. La entidad interpuso hace un año una acción de amparo colectiva y reclamó el cierre del predio, por considerar que contamina el medio ambiente, pero la medida cautelar fue rechazada el 10 de julio por el juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz.

Esta vez, los vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila, firmaron una sentencia interlocutoria (aquellas que resuelven cuestiones de mero trámite). Pretenden que un ingeniero químico extraiga muestras para determinar si el depósito de la empresa demandada (Servicios y Construcciones La Banda SRL) “produce contaminación de los suelos, de la atmósfera, de la napa freática y de las aguas de la cuenca del río Salí”. Establecen, además, que el perito deberá informar “si se pueden dispersar partículas de dicha sustancia (los residuos sólidos urbanos) en la atmósfera y el medio ambiente y su incidencia en el ecosistema”.

Apenas notificadas las partes, la empresa pidió la nulidad de la sentencia, por lo que los magistrados requirieron un dictamen a la fiscal de Cámara, Elena Noemí Sangenis. Una vez resuelto este paso, los vocales podrán fijar fecha para concretar el peritaje, que podrá ser presenciado por las partes en litigio. En rigor, como los últimos días hábiles en Tribunales serán el lunes y martes, la federación ambientalista requirió que el juicio sea declarado asunto de feria, a los efectos de que la inspección pueda ser concretada en enero.

La resolución del expediente, iniciado en diciembre de 2007, se dilató a raíz de la crisis provocada por la cantidad de vacantes en el Poder Judicial que no pueden ser cubiertas. En rigor, luego del rechazo a la clausura del predio en primera instancia, firmada el 10 de julio por el juez Aráoz, el recurso de apelación recayó en manos de la ex camarista Martha González de Ponssa (sala II), quien no pudo resolverlo porque se acogió a la jubilación y, luego, del vocal Ricardo Robinson (de la misma sala), que también se jubiló. Cabe recordar que la Cámara en lo Civil y Comercial Común fue declarada en emergencia funcional por la Corte Suprema (acordada Nº 912), ya que desde el 1 de diciembre sólo cuenta con dos (Ibáñez y Avila) de sus seis vocales.

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