Por orden de la Justicia Federal. La Afip empezó a fiscalizar a Gamsur: auditará 2 años

El organismo designó a dos contadores que revisarán los balances y las liquidaciones de 2008 y 2007. Ya pidió documentación y hoy estarán los técnicos en la empresa para determinar si existió evasión.
La Afip ya comenzó a investigar si la empresa Gamsur evadió impuestos y, por lo tanto, si sus socios pueden ser acusados de violar la Ley Penal Tributaria. El organismo recaudador asignó a dos contadores para auditar los manejos contables de la mixta y comunicó a la conducción que fiscalizará los últimos dos años completos: 2007 y 2008.

Gamsur, que nació en 2002 como una empresa mixta dedicada a la recolección de residuos y que después sumó el alumbrado público, fue denunciada por los concejales Enrique Novo, del Frente de la Gente, y Eduardo Scoppa, de la Coalición Cívica, después de que una auditoría del Tribunal de Cuentas detectara irregularidades administrativas.

Novo y Scoppa avanzaron por dos vías. A la Justicia provincial le pidieron que investigue si los socios privados de Gamsur incurrieron en maniobras para “inflarle” los números al Municipio y cobrarle 7 millones de pesos de más por los mayores costos de 2008. Y a la Justicia Federal le solicitaron que determine si hubo evasión impositiva no sólo en 2008 sino también en los años anteriores.

La Justicia provincial comenzó esta semana a tomar testimonios (ver recuadro) y la Federal inició la recolección de las pruebas.

El juez Carlos Ochoa, como en todo caso en el que se sospecha que existió evasión impositiva, le dio intervención a la Afip. La división Fiscalización de ese organismo debe llevar adelante la investigación y, si existen pruebas firmes, entonces denunciar formalmente al contribuyente que está bajo análisis.

El 14 de julio, llegó a las oficinas de Gamsur la notificación de la Afip de que desde ese momento estaba sometida a fiscalización. La orden de intervención lleva el número 544.719.

“Esta Administración Federal, en cumplimiento del artículo 35 de la Ley 11.683, ha dispuesto efectuar la fiscalización al contribuyente Gamsur. Para esa tarea ha designado a la contadora Faggiano Valentina, que contará con la supervisación del contador Terzagui Oscar, pertenecientes a la División Fiscalización de Río Cuarto. La citada fiscalización comprenderá la liquidación del Impuesto a las Ganancias de los años 2007 y 2008”, dice la comunicación que la Afip le envió a Gamsur.

La información que recibieron en la mixta es que los auditores se presentarán hoy mismo en la sede de la calle Leyes Obreras para hacer un trabajo sobre campo después de haber pedido las liquidaciones impositivas.

Además del impuesto a las Ganancias, la delegación Río Cuarto de la ex DGI ya pidió los balances comerciales de 2007 y 2008 y un detalle de los ajustes practicados para llegar al resultado impositivo de esos dos años.

Lo que indican las notas que envió el organismo recaudador es que la Justicia Federal no se limitará a determinar si hubo irregularidades el año pasado, el más discutido en cuanto a los mayores costos, sino que alcanzará también al último ejercicio de la gestión Rins.

La polémica surgió cuando el Tribunal de Cuentas dio a conocer el resultado de su auditoría sobre la empresa mixta. El órgano de control determinó que los mayores costos eran de 5,4 millones de pesos en vez de los 7,5 millones que había fijado el gobierno municipal y de los 12,6 millones que reclamaron los socios privados de la empresa mixta.

Cuando el órgano de control denunció además irregularidades, los dos concejales opositores decidieron ir a la Justicia para pedirle que investigue si esos supuestos manejos anómalos constituyen un delito.

Desde entonces, Gamsur no es la misma. Los empresarios decidieron venderle casi todas las acciones al Municipio y volver cada uno a su actividad.

“El Municipio debe ser querellante”

Enrique Novo, del Frente de la Gente, fue el segundo concejal en declarar en la investigación que está llevando adelante el fiscal Julio Rivero por el caso Gamsur.

Rivero está tratando de determinar si existió un delito en contra del Estado municipal.

Al salir, Novo dijo que había ratificado sus dichos y que precisó los motivos que lo llevaron a él y a Eduardo Scoppa, de la Coalición Cívica, a presentarse en la Justicia.

“En este caso, con los elementos que se han reunido hasta el momento, lo mejor sería que el Municipio se convierta en querellante. Porque no estamos pidiendo que investiguen al intendente Jure sino que se determine si el Estado municipal se vio perjudicado. Y quien puede resguardar esos intereses es el gobierno”, opinó Novo.

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