Orden de un juez paraliza por 7 días a los mercados

Poco antes de que Cristina de Kirchner anunciara la estatización de las AFJP, y a partir de una denuncia que realizó el fiscal Guillermo Marijuan (con datos aportados por el BCRA y la Jefatura de Gabinete), la Justicia prohibió ayer a las administradoras comprar y vender títulos durante los próximos siete días.
La decisión implicó una parálisis del mercado y un caos en la liquidación de las operaciones previamente pactadas. Era lo que faltaba a un mercado ya jaqueado por la crisis internacional y la desconfianza que generó la estatización de las AFJP. Tiene implicancias importantes habida cuenta de que las AFJP son los actores principales en las transacciones que se efectúan en la Bolsa de Comercio y en el Mercado Abierto. Son la fuente de liquidez y concentran una parte importante del volumen de negocios bursátil. En bancos fue una tensa jornada en donde no se sabía cómo liquidar vencimientos de plazo fijo y acreditaciones de títulos comprados con anterioridad por las AFJP. La decisión fue tomada por el juez Claudio Bonadío por considerar que las AFJP estaban liquidando sus bonos y acciones ante los cambios en el sistema jubilatorio. Marijuan había ido antes más allá, al pedir también investigar a las diez AFJP por "administración fraudulenta", después de haber analizado la liquidación de bonos que las compañías realizaron en las últimas dos jornadas bursátiles. Para Marijuan, esas operaciones se realizan "en perjuicio de los afiliados", conociendo además la inminencia del paso de las administradoras al Estado. Curiosamente, la denuncia incluyó a la AFJP Nación, propiedad del Estado; y a Futura, de los gremios de Luz y Fuerza, Obras Sanitarias y del Seguro. Bonadío pidió también todo el listado de las operaciones de las administradoras de los últimos días para conocer si efectivamente hubo una intención de vender títulos y acciones, y comprar dólares, cuestión aún no comprobada.

La presidente Cristina de Kirchner anunció ayer la desaparición del sistema jubilatorio de capitalización, acompañada por ministros, legisladores y sindicalistas.

La Justicia inhabilitó ayer a las AFJP durante siete días a operar con bonos y acciones tras admitir una denuncia por presunta defraudación a la administración pública. El juez federal Claudio Bonadío notificó a las diez AFJP que no pueden modificar la composición de su cartera de inversiones, con fondos por $ 98.000 millones, colocados principalmente en títulos públicos (55% del total) y en acciones y títulos privados (14%).

Bonadío admitió una denuncia presentada ayer por el fiscal federal Guillermo Marijuan, que acusó a las AFJP de liquidar súbitamente sus tenencias en bonos ante el inminente pase de sus fondos al sistema estatal por la reforma que anunció el gobierno. El delito que se les imputa es castigado con penas que van de dos a seis años de prisión.

Marijuan presentó la denuncia basado en informes del BCRA y de la jefatura de Gabinete cuando los bonos, parte de ellos en manos de las AFJP, sufrieron fuertes pérdidas por las masivas ventas desde el lunes, cuando se conoció que el gobierno se propone el traspaso de los fondos acumulados en la jubilación privada al sistema estatal.

Sin embargo, según el presidente de la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP), Sebastián Palla, «las AFJP desde el lunes dejaron de operar para evitar problemas».

Bonadío notificó su decisión en la Bolsa de Comercio, donde durante toda la jornada de ayer reinó la incertidumbre por los precios de los bonos y las acciones. Con el objetivo de « resguardar los ahorros que los trabajadores aportan al sistema privado de jubilaciones», la Justicia determinó que las AFJP no podrán realizar operaciones durante 7 días.

El fiscal Marijuan pidió también investigar a las diez AFJP por presunta «administración fraudulenta», tras la liquidación de bonos del Estado que habrían realizado las empresas. En su presentación, de 19 carillas, pidió que se investigue a Arauca Bit, Consolidar, Previsol, Máxima, Met, Nación, Profesión+Auge, Futura, Orígenes y Unidos. La denuncia incluyó a Nación AFJP, a pesar de que esa administradora es estatal -su accionista es el Banco de la Nación-, y también a Futura, cuyos principales accionistas son los gremios de Trabajadores de Luz y Fuerza, Obras Sanitarias y Seguro.

Marijuan cuestionó «si puede considerarse una inversión o un acto de administración, la acción común desplegada por varias sociedades privadas y distintas en pos de liquidar sus posiciones a cualquier costo cuando ya sabían que había una disposición estatal de absorberlas».

Al mismo tiempo, pidió el dictado de una medida cautelar «ante la inminencia de que el Estado asuma la dirección de un sistema único de jubilaciones y pensiones, se impone la necesidad de ordenar a las administradoras que se abstengan de efectuar operaciones financieras de los fondos que administran».

Argumentó la medida ante la posibilidad de que las AFJP ocasionasen «serios e irreparables perjuicios de imposible reparación ulterior, no sólo a sus afiliados, sino también al Estado nacional».

«Corresponderá que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones efectúe el debido control sobre las inversiones realizadas por las administradoras hasta el día de la fecha», según el fiscal. Como principal medida, Marijuan pidió que se allanen las administradoras denunciadas para «asegurar la prueba documental de interés para la pesquisa».

Comentá la nota