La oposición venezolana volvió ayer a las calles tras la "tregua" solicitada por el Vaticano. Y lo hizo para reclamar la apertura del tantas veces demandado canal humanitario de medicamentos, pactado con el gobierno durante el diálogo. Transcurridos cinco días de la firma del acuerdo, Nicolás Maduro no ha dado un solo paso para cumplir lo prometido ante el enviado papal, monseñor Claudio Celli.

Cientos de personas, en su mayoría militantes de Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles, y enfermos con dificultades para acceder a medicamentos, participaron en la "Marcha de los Récipes" (recetas) con destino final en la Nunciatura Apostólica. "La Iglesia servirá de garante para que el gobierno cumpla con su palabra", señaló el diputado José Manuel Olivares, que al frente de una delegación de opositores conversó con el nuncio Aldo Giordani.

En los peores momento del año, el desabastecimiento de remedios y de insumos hospitalarios en Venezuela alcanzó el 85%: de cada diez buscados o requeridos, sólo se encontraban entre uno y dos. "Condenan a muerte a venezolanos por no querer recibir la ayuda internacional", insistió Olivares.

Más allá de la protestas, la marcha opositora encerraba un nuevo pulso con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el martes dio lugar a un recurso de amparo presentado por el procurador general, Reinaldo Muñoz, contra la Asamblea Nacional. "Los diputados están obligados a abstenerse de convocar a sus partidarios a la alteración de orden público o a actos de instigación contra autoridades y poderes públicos", señaló Muñoz en un intento de amedrentar a los opositores y de restringir el derecho de manifestación.

Dado el revuelo armado en torno a la sentencia, la número 38 del TSJ contra el Parlamento y la oposición, el propio tribunal hizo público ayer que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, pacíficamente y sin armas. Eso sí, "no es un derecho absoluto" y allí estarán los policías esperando para "impedir excesos y vulneraciones fundamentales".

"Esta sentencia del TSJ no será capaz de detener la justa protesta del pueblo venezolano", anunció Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática y uno de los cuatro delegados opositores en las conversaciones del pasado fin de semana. Pese a los constantes alegatos de la paz del "hijo de Chávez", de momento nada se sabe tampoco de las liberaciones de presos políticos. La propia oposición adelantó el lunes que el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma; Yon Goicoechea, dirigente de Voluntad Popular; los tres diputados suplentes, dos dirigentes indígenas de Amazonas y los jóvenes arrestados en un campamento de protesta en 2014 serían liberados en la primera tanda y de forma inminente.

"Exigimos a Unasur que se pongan los pantalones y obliguen al gobierno a cumplir con lo acordado. No más saboteos con nuestro pueblo", denunció ayer Carlos Ocariz, otro de los delegados opositores en el diálogo. Precisamente Unasur emitió una nota anteayer para conminar a ambas partes a cesar la campaña de descalificaciones mutuas y a preservar "los compromisos que se han acordado".

Compromisos que la oposición puso en marcha con la desincorporación, a regañadientes, de los tres diputados del estado de Amazonas, paso previo para que el TSJ levante su yugo sobre el Parlamento y retire el desacato impuesto en septiembre por haberlos nombrado cuando el oficialismo los había impugnado por presuntas irregularidades en su elección.

Nicolás Maduro indicó ayer que las nuevas elecciones en ese estado se realizarían el 20 de diciembre, adelantándose a lo que decida el Consejo Nacional Electoral. "Yo pronostico que habrá una pela [paliza], ya el pueblo está más claro... Demostraremos que rectificó... De cuatro diputados que se elegirán por lo menos ganaremos tres", pronosticó el primer mandatario.

En las elecciones parlamentarias del año pasado, la MUD obtuvo tres de los cuatro diputados en juego. Si se repitiera el mismo resultado, la oposición confirmaría la mayoría absoluta calificada de dos terceras partes, arrebatada mediante una fantasmal acusación de fraude electoral, que incluyó la detención de varios indígenas. El gobernador del estado, el ex chavista Liborio Guarulla, denunció que el Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) torturó a una colaboradora suya "a fin de buscar justificación a su derrota en Amazonas".

Con la convocatoria de estas elecciones, el chavismo repetiría la misma estrategia ya realizada en 2014 contra Daniel Ceballos, por entonces alcalde de San Cristóbal, y Enzo Scarano, también primer edil de San Diego. Ambos fueron detenidos y destituidos de sus cargos. Convocadas elecciones, sus mujeres arrasaron en las urnas: 73,60% para Patricia Gutiérrez de Ceballos y 87,74% para Rosa de Scarano. Ceballos permanece hoy como uno de los 109 prisioneros políticos del chavismo en espera de su libertad.

Acuerdos en veremos

Nicolás Maduro

Presidente venezolano

• El gobierno falló en su compromiso de facilitar el acceso a medicamentos básicos
• Tampoco hubo novedades en la liberación acordada de algunos presos políticos
• La oposición dio lugar al pedido de desvincular del Parlamento a tres diputados cuestionados por el chavismo