La oposición se unió contra la suba de la luz.

A pesar de que la de ayer fue una de las sesiones más cortas de las realizadas este año, Diputados pudo resolver un tema que viene complicado en la Legislatura: el de pedirle a los funcionarios del Ministerio de Infraestructura, Transporte y Vivienda que asistan a dar explicaciones por el aumento de la tarifa eléctrica –una decisión política–, desconociendo un dictamen técnico del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). Con la misma inquietud se ha convocado a los dirigentes del ente regulador.
A pesar de que la de ayer fue una de las sesiones más cortas de las realizadas este año, Diputados pudo resolver un tema que viene complicado en la Legislatura: el de pedirle a los funcionarios del Ministerio de Infraestructura, Transporte y Vivienda que asistan a dar explicaciones por el aumento de la tarifa eléctrica –una decisión política–, desconociendo un dictamen técnico del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). Con la misma inquietud se ha convocado a los dirigentes del ente regulador.

El peronista concertador Roberto Blanco, uno de los más críticos de la decisión del gobernador, dijo que los presidentes de bloque de todas las bancadas políticas opositoras acordaron con el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, interpelar a los funcionarios al mismo tiempo que lo haga la Cámara de Senadores, lo que ocurrirá el lunes y martes de la próxima semana.

Tal determinación fue concertada en labor parlamentaria, tanto con los diputados de la oposición como con la presidenta provisional del Senado, Miriam Gallardo.

Duros calificativos. En cuanto a los motivos que llevaron al gobernador a dictar un decreto que significará un aumento de entre 5% y 28% en la tarifa eléctrica, retroactivo al 1 de febrero y efectivo desde el 1 de agosto, Blanco los calificó duramente. Dijo que esta decisión era dudosa, desprolija, inoportuna e inaceptable.

Dudosa por las diferencias entre la sugerencia del EPRE y la decisión política que tomó el Gobierno respecto de los informes para avalar el aumento. Además, mencionó la afectación ética de la subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Martínez, ex directiva jerárquica de Edemsa.

Blanco no dejó de resaltar que esto puede tener que ver con conseguir fondos para la campaña electoral, ya que las empresas recibirán 160 millones de pesos más –Edemsa 40 millones– que lo sugerido por el ente técnico. En cuanto a la desprolijidad de la operación, Blanco dijo que todo el proceso estuvo viciado de poca transparencia. Desde la propuesta y la audiencia pública hasta el decreto del gobernador. El legislador dijo también que es una medida inoportuna, por la proximidad de las elecciones y en vistas a una profunda crisis económica mundial, y no se entiende que los costos de este aumento de fondos para la empresa que presta el servicio lo tenga que pagar el pueblo.

Finalmente, "es inaceptable que el incremento afecte a las personas de bajos recursos", espetó Blanco. Además, la onda expansiva de la suba llegará también al precio de los productos. "En medio de una crisis, es el Gobierno el que tiene que inyectar fondos para regular el mercado, no sacarle más dinero a la gente", explicó el concertador.

Otra audiencia pública. Los legisladores cobistas Alejandro Molero y Santiago Cazzoli pidieron al Ejecutivo que se deje sin efecto el decreto y que se llame a otra audiencia pública con la anticipación suficiente para asegurar la participación de la gente.

A su vez, la diputada Mirtha Díaz, de Fiscal, también repudió el aumento mediante una iniciativa legislativa y pidió al Gobierno que intervenga para que no se realicen cortes de suministro por falta de pago.

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