Consideraron que el fiscal Rubén Álvarez, que estuvo al frente de la investigación, desestimó prueba esencial como el testimonio de testigos.
En su resolución, el funcionario judicial había explicado que no se pudo demostrar la existencia de delitos, aunque admitió que hubo “irregularidades” en el manejo de los fondos del ente comunal.
Al respecto, concejales de la oposición plantearon un escrito ante el Fiscal General Juan Pablo Fernández para solicitar el “desarchivo” de la causa. En sus considerandos, los ediles de Integración Ciudadana, FAP y UCR opinaron que el fiscal Álvarez “claramente desecha su función investigadora, al exponer, por ejemplo, que no ha considerado necesario citar a testigos, atento a que el resto de la prueba lo llevó a ese convencimiento”.
“Es sugestiva esta conclusión, ya que se supone que el representante del Ministerio Público tiene como obligación legal ineludible llegar a la verdad real, y no detenerse en el umbral meramente formal de una investigación en la que se pretende conocer el destino de más de 14 millones de pesos”, agregaron.
Finalmente, expresaron que “la falta de producción de prueba viola el derecho de defensa de esta parte, que merece tanto respeto como el derecho de cualquier imputado”.
En diálogo con Frente a Cano, el concejal Raúl Woscoff aclaró que confían que la relectura de los hechos puede llevar al Fiscal General a pensar que puede darse una continuidad en la investigación.
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