La oposición quiere derogar la suba del gas

"Vamos a impedir por todos los medios el incremento en las boletas", dijo el radical Ernesto Sanz. Para el oficialista Miguel Pichetto, la suba "sólo alcanza a los usuarios de clase media alta". Alfredo Martínez dijo estar de acuerdo con que "quién tenga que pagar que pague", pero bajo un sistema transparente y no abusivo.
"Esperemos que por lo menos tengamos la posibilidad de debatir el tema", dijo el senador de la UCR Alfredo Martínez, respecto de la posibilidad de que hoy se trate en el recinto del Senado la polémica suba del gas a los usuarios residenciales.

Las protestas por el aumento en las facturas de gas, que llegan hasta el 400 por ciento, impactarán con fuerza en la sesión del Senado. Desde la UCR advirtieron que, si el oficialismo no habilita un despacho de comisión, buscarán forzar el tratamiento sobre tablas de su proyecto para derogar los incrementos.

"Desde el Congreso, vamos a tratar de impedir por todos los medios el incremento en las boletas de uso domiciliario", dijo el jefe de bloque de la UCR Ernesto Sanz, y agregó que "el aumento representa una maniobra irracional que afecta a todos los argentinos".

En el oficialismo el tema produce algunos roces internos. Pero en principio, estarían dispuestos a reclamar sólo modificaciones menores que aseguren bajas para algunas provincias.

Pero en lo global están de acuerdo: El jefe kirchnerista Miguel Pichetto dijo que "la resolución abarca a 2.200.000 usuarios, que son los grandes consumidores de gas en Argentina", los cuales son "usuarios de clase media alta".

Si bien hay un compromiso de tratar el tema "si tiene despacho de Comisión" -la comisión se reunirá hoy a las 10, con la presencia de funcionarios del área y tal vez del secretario de Energía, Daniel Cameron-, es posible que no haya acuerdo. En ese caso, la UCR tratará de forzar el debate sobre tablas del tema. "Si se niegan será un debate salvaje", deslizan en el bloque.

De hecho, vincula el resultado de esta pulseada a cómo continuará el camino del "diálogo" parlamentario que Pichetto abrió la semana pasada para conversar la agenda legislativa con la oposición.

En el Senado hay dos proyectos presentados que buscan la derogación del decreto 2067/08, que permitió el tarifazo. Uno fue presentado por la peronista salteña Sonia Escudero, y el otro es del jujeño Gerardo Morales, el titular de la UCR.

"Hay que llamar las cosas por su nombre, dijo Sanz-. Lo que aumentó no fue el consumo del gas, sino que a la boleta el Gobierno le generó un cargo adicional para integrar un fondo fiduciario, con el objetivo de pagar sobreprecios por la importación de gas de Bolivia y otros países".

El senador por Santa Cruz, Alfredo Martínez remarcó que "hay subas que son superiores con respecto al lugar del país y al rango del consumo" indicó al tiempo que remarcó que se busca sumarle a los proyectos que ya están presentados "dos puntos que tiene el decreto que rige el sistema tarifario".

Martínez sostuvo que "no es lo mismo el consumo que se puede tener en la Patagonia, comparado con otros que viven en otros lados hoy tenemos la mitad del país que consume a través de garrafas porque no tiene el sistema, y es esta gente la que está subvencionando las piletas de natación de la gente de los countries".

Para el senador, "ojalá que este debate se dé en el corto plazo y estamos de acuerdo que el que tiene que pagar que pague, no es que queremos ponerle palos en la rueda al Gobierno ni nada que se le parezca", y añadió: "lo que queremos es transparentar todo eso, por lo que vamos a pedir que mañana se debata, pero por lo pronto avanzaremos en la comisión con el despacho".

Camuzzi

Por su parte las distribuidoras Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur ratificaron ayer que los cargos generados por el decreto 2067/08, cuyos ingresos son destinados al pago de las importaciones del fluido, "se aplican únicamente a los usuarios de mayor consumo", ubicados en la categoría R3.41.

La empresa también recordó que "aquellos usuarios que se hallen en condiciones de acreditar una singular situación socioeconómica o humanitaria, podrán solicitar ser eximidos de la aplicación del mencionado decreto".

Para obtener ese beneficio, los usuarios deberán presentar un formulario específico que acredite esa situación y que podrá ser obtenido en todos los centros comerciales de atención al público.

Camuzzi precisó que están exceptuados del cargo los clientes "que gocen de tarifa social en otros servicios", los que "presenten un certificado de pobreza", los que demuestren estar desocupados y quienes "declaren carecer del servicio de agua corriente, electricidad y televisión por cable".

También serán contempladas las presentaciones realizadas por "los clientes que demuestren con documentación emitida por autoridad competente, que en el domicilio se desarrollan actividades sin fines de lucro o con carácter asistencialista" y a aquellos que "por una situación socioeconómica o humanitaria particular no pudieren afrontar el pago del mismo", entre otros aspectos.

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