La oposición quiere cambiar leyes con una consulta popular

Alcanzó un acuerdo para modificar los superpoderes, el Consejo de la Magistratura y el Indec
Los principales bloques de la oposición en el Congreso impulsarán a partir del 10 de diciembre próximo ?cuando se produzca el recambio parlamentario? una consulta popular para imponer modificaciones a las leyes más polémicas que se sancionaron durante el gobierno kirchnerista.

Será un arma de presión que la oposición desenfundará si el oficialismo concreta su amenaza de rechazar, vía veto presidencial, las normas que propicie la futura mayoría opositora.

La ley de superpoderes presupuestarios, que permite al jefe de Gabinete reasignar partidas a discreción, las reformas del Indec y del Consejo de la Magistratura y la limitación al uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) conforman la agenda de temas que la oposición pretende volver a discutir a partir de la futura composición parlamentaria, que tendrá al kirchnerismo con una débil primera minoría en la Cámara de Diputados.

El oficialismo insinuó que resistirá esa avanzada por medio del veto presidencial, una herramienta que bloquea todo intento de reforma, pues, para dejarlo sin efecto, la Constitución nacional exige los dos tercios de los votos legislativos.

Difícilmente la oposición reúna semejante mayoría y, consciente de ello, los principales jefes de bancadas de la oposición idearon, tras múltiples contactos efectuados de manera reservada, la idea de impulsar una consulta popular si el oficialismo se obstina en bloquear sus propuestas.

Esta herramienta surge del artículo 40 de la Constitución nacional y, para que la convocatoria respectiva prospere, requiere la mitad más uno de los votos del total de miembros de cada cámara legislativa.

Pero lo más tentador de esta herramienta es que, una vez aprobada la convocatoria, no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo.

"La sociedad exige una mejora en la calidad institucional del país y eso es lo que votó en las últimas elecciones. Nosotros somos representantes de esa voluntad popular y, por esa razón, apelaremos a todos los mecanismos que sean necesarios para cristalizar esa voluntad", enfatizó el jefe de bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Oscar Aguad (Córdoba).

Además, aclaró: "Nosotros pretendemos un diálogo racional con el oficialismo, pero si persiste en imponer sus reglas, insistiremos en la consulta".

La idea circuló rápidamente por los principales despachos opositores; incluso, los diputados del peronismo disidente Francisco De Narváez y el electo Felipe Solá se habrían entusiasmado con la propuesta.

Sin embargo, hay diferencias en cuanto a su instrumentación. Mientras el radicalismo y Pro sostienen que la consulta debería impulsarse no bien se produzca el recambio legislativo, es decir el 10 de diciembre próximo, la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió prefiere poner paños fríos.

"No podemos permitir que el Poder Ejecutivo vulnere la voluntad de la mayoría del pueblo", enfatizó el jefe del bloque de diputados de Pro, Federico Pinedo (Capital Federal).

El responsable de la bancada de la Coalición Cívica, Adrián Pérez (Buenos Aires), prefiere que la consulta solamente se instrumente en el caso extremo de que el veto presidencial se convierta en herramienta constante del Gobierno.

"Es un mecanismo interesante para sortear esa ofensiva", sostiene Adrián Pérez.

El oficialismo, por su parte, ya empezó a dar muestras de que no está dispuesto a ceder poder en el Parlamento a partir de diciembre próximo.

Tal como anticipó LA NACION hace apenas diez días, no sólo apelará al veto presidencial, sino que también procurará preservar los principales espacios de poder en el Congreso, léase la presidencia de la Cámara baja y la mayoría en las comisiones.

De esta manera, busca bloquear la acción opositora y garantizar la sanción de las leyes que priorice el Gobierno, como ha sucedido hasta ahora.

Los bloques de la oposición darán batalla. En los últimos días, abundaron como pocas veces antes los contactos entre los principales referentes de la Unión Cívica Radical, de la Coalición Cívica, del socialismo, de Pro y del PJ disidente los que, junto con los bloques de centroizquierda, acordaron una estrategia común: exigirán la mayoría en las comisiones parlamentarias y, si el oficialismo se aviene a ello, aceptarán que la presidencia del cuerpo sea ocupado por un diputado del kirchnerismo. El jujeño Eduardo Fellner se postula, una vez más, para ese puesto.

Esta pulseada deberá dirimirse antes del 10 de diciembre próximo; ese día se elegirán las autoridades parlamentarias. El oficialismo tomó nota y, según pudo averiguar LA NACION, definirá esta> semana su estrategia al más alto nivel político del kirchnerismo, es decir, en la intimidad de la residencia presidencial de Olivos.

El plan

* Cambios : La oposición intentará modificar la ley de superpoderes presupuestarios, el Consejo de la Magistratura, reformar el Indec y limitar el uso de decretos de necesidad y urgencia.

* Coincidencia : en reuniones reservadas, los principales jefes de la oposición al Gobierno coincidieron en plantear frenos al modo de gestión kirchnerista.

* Preocupación : dirigentes de la Coalición Cívica, de la UCR, del socialismo, de Pro y del PJ disidente no niegan su inquietud por las futuras acciones del oficialismo que, aunque perderá la mayoría en el Congreso, no quiere ceder terreno.

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