La oposición portuguesa trabó el plan de austeridad del socialismo

La oposición en Portugal arruinó en parte el plan de austeridad del gobierno socialista minoritario de José Sócrates, al aprobar ayer en votación parlamentaria en Lisboa una ley que prevé transferencias adicionales de dinero a las regiones autónomas, a pesar de la seria crisis de endeudamiento que atraviesa el país.
La controvertida ley fue aprobada claramente por 127 votos a 87 y contó con el apoyo de todos los partidos de oposición, entre ellos el conservador Partido Socialdemócrata PSD, el Bloque de Izquierda, los verdes y los comunistas.

Según la opinión de expertos, la crisis de la deuda en países como Portugal, Grecia y España, sumada a la débil situación coyuntural, representa una seria y creciente amenaza para la estabilidad de la llamada Eurozona.

Tras desplomarse el jueves en casi 5%, el índice de la bolsa portuguesa PSI-20 sufrió ayer nuevas pérdidas, pero menores, de 1,4% en ese panel.

Luego de la esperada derrota en la votación, el ministro de Asuntos Parlamentarios, Jorge Laçao, criticó duramente a la oposición, acusándola de ser "políticamente irresponsable".

Para garantizar la gobernabilidad del país, afirmó, "es necesario que el gobierno sea la autoridad presupuestaria".

Por su parte, la oposición reaccionó indignada a la amenaza del gobierno de Lisboa, de que hará todo lo posible para evitar la puesta en práctica de la ley. Hubo críticas en especial de Manuela Ferreira Leite, del conservador PSD.

El gobierno de Sócrates, al tiempo que rechaza ser comparado con Grecia, anunció que presentará drásticas medidas de contención de gastos públicos en las próximas dos semanas.

En el marco de la grave crisis económica, con una tasa de desempleo récord cercana al 10% y una economía que prácticamente no crecerá este año, el primer ministro luso prometió que no elevará los impuestos.

Aún así, al gobierno no le resultará fácil imponer el anunciado plan de ahorro. El viernes, miles de funcionarios públicos protestaron en el centro de la capital contra el programado congelamiento de sus haberes.

A través de la contención de gastos públicos, el gobierno portugués pretende bajar el déficit presupuestario, que en 2009 superó las peores expectativas y llegó a 9,3 % del PIB, al 3% permitido por la UE de aquí a cuatro años.

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