Por Daniel Lozano

CARACAS.- La oposición venezolana sorprendió ayer a todo el mundo, incluido al gobierno. Para ganar tiempo en su carrera contrarreloj y evitar una respuesta violenta del chavismo, los delegados de la Mesa de Unidad Democrática entregaron ayer, 24 horas antes de lo previsto, 80 cajas con unas 200.000 planillas, que suman un total de 1.850.00 firmas de apoyo al reférendum revocatorio de Nicolás Maduro.

"¡Allí están las cajas de las firmas del pueblo, ya en el CNE. ¡Despierten a Maduro!", festejó el gobernador Henrique Capriles, que recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone ahora de cinco días para analizar esas firmas y convocar a los firmantes a unas jornadas de validación. Este trámite necesita el uso de las máquinas captahuellas, las mismas que se utilizan en los procesos electorales de Venezuela.

"Los violentos se quedaron con los crespos [rulos] hechos, con esta exitosa estrategia la Unidad avanza para lograr el cambio político urgente por medios impecablemente pacíficos y constitucionales", añadió Jesús Torrealba, secretario ejecutivo opositor.

Precisamente, el propio Torrealba fue agredido el pasado viernes por uno de los grupos de radicales chavistas que se mueven en las cercanías del CNE. El oficialista PSUV calificó esta emboscada de golpes y pedradas como una "autoagresión fascista".

En dos jornadas que sorprendieron al país por la afluencia masiva de firmantes, se recogieron dos millones y medio de rúbricas, cuando sólo eran necesarias 195.000 para este primer capítulo del revocatorio. Gracias al trabajo de sus técnicos y de 700 voluntarios jóvenes durante todo el fin de semana, la Mesa de Unidad Democrática preparó 1.850.000 para entregarlas oficialmente.

"Nosotros vamos a verificar firma por firma, no le tenemos miedo al referéndum", respondió Diosdado Cabello, líder militar del chavismo. Aunque de sus actos por momentos parece desprenderse todo lo contrario. Jorge Rodríguez, jefe del comando antifirmas bautizado como la Comisión para la Defensa de la Constitución y Comisión de Verificación de Firmas, adelantó ayer que van a "hacer público el proceso".

El también alcalde de Caracas se refiere a que pretenden dar a conocer la identidad de los firmantes, además de exigir una auditoría completa del 1% de las firmas. "No vamos a permitir el doble juego opositor, o se mantienen dentro del cauce democrático o nosotros vamos a solicitar que los procedimientos se detengan hasta que vuelvan a dicho cauce", añadió Rodríguez.

El chavismo no se fía, sabedor que sus enemigos políticos cuentan con casi el 70% de apoyos populares para seguir adelante con su hoja de ruta y sacar así a Maduro del Palacio de Miraflores. Por ello pretende ralentizar el proceso y asustar a los firmantes, sobre todo a los que en algún momento fueron revolucionarios.

Se trata de la nueva versión de la campaña del miedo, tantas veces usada desde el poder. Maduro agita viejos fantasmas muy presentes todavía en la sociedad venezolana: las listas Tascón y Maisanta, confeccionadas durante el proceso de revocatorio contra Hugo Chávez en la década pasada, provocaron un vitual apartheid laboral y social de miles de personas, excluidas del empleo público, de las becas o de las ayudas estatales.

Tan públicos fueron sus firmantes que las dos listas se vendían como cualquier CD pirata en los puestos de vendedores callejeros. Las mismas listas se manejaban en las instituciones públicas para conocer la identidad de los descontentoss con la revolución.

Según Provea, ONG de derechos humanos, el equipo antifirmas creado por Maduro es ilegal y su intención es promover una nueva lista Tascón. "Denunciamos que el presidente alienta la violación de la Constitución, atizando la discriminación y el apartheid político para intentar frenar la participación popular en un escenario de descontento y elevados índices de reprobación a su gestión", añadió la organización en un comunicado.

El chavismo pretende retardar el referéndum hasta después del 10 de enero de 2017, lo que salvaría la cabeza de Maduro. Traspasada esa fecha y según dictamina la Carta Magna, el "hijo de Chávez" sería relevado por su vicepresidente, por lo que el revocatorio perdería su razón de ser.

El CNE está compuesto por cinco rectores, cuatro mujeres afines al chavismo y un único rector independiente. Precisamente una de ellas, Tania D'Amelio, adelantó su estrategia el domingo: "Se debe cumplir el lapso de 30 días fijados para la recolección del 1% de manifestación de voluntad para pasar a la fase de constatación". Según este criterio, la validación se retrasaría en más de tres semanas, pese a que las firmas fueron entregadas ayer.

El encargado de responder fue el propio rector del CNE, Luis Emilio Rondón. Contradijo a su compañera al asegurar que el poder electoral debe verificar las firmas en cuanto sean recibidas. Vicente Díaz, exrector y buen conocedor de las entrañas electorales, también intervino en la polémica: "Los plazos son límites máximos, el principio de celeridad obliga al mínimo".

El otro factor con el que juega a su favor el chavismo son los días no laborables decretados por Maduro para ahorrar energía. En la Venezuela de hoy, los organismos públicos sólo trabajan lunes y martes.

Del editor: cómo sigue. Mientras avanza en su plan para sacar a Maduro, la oposición también debería consensuar internamente un plan alternativo de poder.