La oposición ya negocia un proyecto para modificar el Consejo de la Magistratura

Gil Lavedra del radicalismo y Marcela Rodríguez de la Coalición Cívica, redactaron iniciativas para diluir el peso del Gobierno en el órgano encargado de elegir y sancionar a los jueces. En principio tienen los votos para aprobar la reforma, que dejaría al kirchnerismo expuesto a investigaciones con menos condicionamientos sobre la corrupción. La avanzada se produciría a partir de marzo.
En la oposición hay un diagnóstico compartido. Si no se libera a los jueces del "cepo" que les impuso el Gobierno con su control total del Concejo de la Magistratura, cualquier idea de luchar en serio contra la corrupción no pasará del plano de lo mediático.

Por eso, para muchos en la oposición, modificar el "desequilibrio" a favor del oficialismo dentro del Consejo de la Magistratura, es la madre de todas las batallas. Y por eso con la mira puesta en el inicio de las sesiones ordinarias de marzo, en la oposición ya alistan los distintos proyectos de modificación de este órgano creado con la reforma constitucional del 94.

Se trata en rigor de un cuestionamiento generalizado a la última reforma que impulso personalmente Cristina Kirchner, y que logró que el gobierno pasara a controlar directamente el Concejo. Desde la Corte Suprema, pasando por el Colegio Público de Abogados hasta el Congreso, han cuestionado la composición actual del organismo que impuso el kichnerismo. Es que de los 13 miembros -3 jueces, 2 abogados, 1 representante del ejecutivo, 1 representante académico y 6 legisladores, de los cuales 2 son elegidos por la mayoría y otro de la primera minoría de cada Cámara-, 5 responden al oficialismo.

Ahora, para avanzar con una ley que vuela a modificar esa integración, la oposición requiere 129 votos, una cifra que asoma como muy posible de conseguir, si se tiene en cuenta que en la sesión preparatoria del 3 de diciembre, todo el arco antikichnerista sumó 144 voluntades.

La falacia de la eficiencia

Antes de la reforma impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner, el Consejo contaba con 20 miembros. La actual presidenta propuso modificar el organismo para hacerlo "más eficiente". En rigor, si bien formalmente en el plenario no tiene mayoría, la modificación le permitió adquirir poder de veto en decisiones claves que exigen mayorías especiales. Un ejemplo: el juicio político.

"Hay que modificar el equilibrio, que fija la Constitución, aunque la Carta Magna no establece una única fórmula para lograrlo", le aseguró a LPO el diputado por la UCR, Ricardo Gil Lavedra. "Puede haber muchas composiciones diferentes que satisfagan el imperativo constitucional, lo fundamental es salir del poder de veto que tiene el oficialismo".

El ex juez de las juntas, sin embargo no cree que deba repetirse la negativa experiencia kirchnerista que impuso su reforma en tiempos de vértigo. "Para modificar el Consejo, hay que escuchar a todos los sectores interesados. Antes del proceso de reforma, debe darse un buen debate", puntualizó.

Gil Lavedra desestimó además la posibilidad de un veto presidencial. "Si hay un buen debate dentro del Congreso, no creo que puedan desconocer la voluntad popular", afirmó.

Para Gil Lavedra, el problema de la composición actual es que hay una "injerencia indebida del Ejecutivo en designaciones y remociones" de lo jueces. Siguiendo esta línea de razonamiento, no duda en afirmar que la actual composición permite que el oficialismo proteja ciertos magistrados.

Además, el diputado de la UCR está a favor de que la Corte Suprema vuelva a presidir el Consejo, y no descarta como una posible solución modificar el número de los integrantes.

El proyecto de la Coalición Cívica

Marcela Rodríguez es diputada por la Coalición Cívica, formó parte del Consejo de la Magistratura antes de la ley 26080 –que modificó el régimen anterior-, y actualmente desarrolla un proyecto de ley para modificar la normativa del Consejo. "No debería suceder lo del veto del Ejecutivo", le anticipa a LPO y agrega: "Si la presidenta abusara de la facultad del veto en contra de una decisión mayoritaria que consta de 129 votos, estaría incurriendo en una arbitrariedad absoluta".

Por otro lado, Rodríguez recuerda que "hasta el propio oficialismo reconoció problemas en el Consejo". A su vez, al igual que Gil Lavedra, sostiene que "las decisiones más importantes -en las que se requieren dos tercios- son bloqueadas por el oficialsimo, por lo que se altera el equilibro que fija la Constitución".

"Hay que elevar el número de abogados, jueces y académicos, las minorías parlamentarias deben tener mayor participación, el sistema de selección de los representantes de los distintos estamentos debe ser más exigente y tener un régimen de incompatibilidades más importante", sostiene Rodríguez. El hecho de que se eleve el numero de integrantes, según ella, si bien no aseguraría un buen funcionamiento del organismo, "no lo haría menos eficiente: el Consejo de 20 miembros realizó más acusaciones que el de 13".

En el PRO coinciden

Desde el PRO, el diputado Jorge Triaca, consultado por este medio, hizo hincapié en que "el Consejo de la Magistratura debe ser un organismo de revisión, y no de apriete a lo jueces. Hay que armar un organismo con libertad para los magistrados, en defensa del sistema republicano que establece la Constitución".

Al igual que Rodríguez, Triaca toma en cuenta los –cuestionados- mecanismos de selección de los jueces, y hace un llamado a la transparencia, además de "buscar un marco normativo que reduzca las facultades discrecionales, para que no tenga prioridad un juez menos calificado que otro". Triaca confía en que lograrán reunir a los 129 miembros correspondientes para avanzar con una ley en consenso: a tal efecto, ya se han armado comisiones.

Según le revelaron fuentes del Congreso a LPO, "en Diputados habría consenso" para ir hacia adelante con ciertas modificaciones al Consejo. Será el Senado el terreno en el que oposición y oficialismo se medirán con resultados ajustados.

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