La comisión bicameral encargada de auditar los programas de Participación Público-Privada (PPP), que preside Diego Bossio le solicitó a Luis Morea, el hombre del Ministerio de Finanzas a cargo de ellos que dé a conocer los contratos de los seis corredores viales y, en particular, quedé cuenta del estado patrimonial del fideicomiso Sisvial, del cual van a girarse los fondos para pagar estas obras públicas con financiamiento privado.

El Sisvial es un fondo estatal multimillonario controlado por la Dirección de Vialidad Nacional que se conforma con el impuesto al gasoil y cuya gestión no se ha caracterizado por la transparencia. En 2017, para poder realizar los controles pertinentes, la Auditoría General de la Nación (AGN) tuvo reiteradas dificultades para conocer su estado patrimonial. En la auditoría previa, de 2008, habían encontrado allí unos $440 millones paralizados y sin aplicación a la construcción de caminos para la que fue creado.

Este fideicomiso se supone que tiene fondos suficientes para cubrir las obligaciones en pesos y en dólares que van a generar los seis corredores viales licitados por el ministro Dietrich. El temor es que estas previsiones hayan pecado de optimistas como las de crecimiento de inflación de la Ley de Presupuesto y Argentina termine en un escenario como el que tuvo que enfrentar España, asumiendo deudas multimillonarias no previstas.

 

La comisión bicameral elevó un pedido de informe al Poder Ejecutivo con más de 20 preguntas entre las que "se destacan varios aspectos que hacen a la equidad federal, transparencia y conveniencia de esta herramienta para el financiamiento de infraestructura", detalló un comunicado oficial de comisión.

 

"En ese sentido, los puntos más sobresalientes tienen que ver con las fuentes de financiamiento y los niveles de rentabilidad previstos por los privados; los costos de financiamiento que deberá afrontar el Estado; los criterios utilizados para seleccionar las obras y con las expectativas en torno al destino de los recursos humanos de aquellas empresas con contratos aún vigentes", agregó el comunicado.

 

Por ejemplo, entre las preguntas del requerimiento (ver documento adjunto) se consulta al Ministerio de Finanzas si se realizó una evaluación de costos, riesgos y beneficios previa para descartar la modalidad de contratación clásica de obra pública.

 

 

 

Es que como advirtió a funcionarios argentinos Augusto de la Torre, ex presidente del Banco Central de Ecuador, el año pasado, de acuerdo a su investigación, los gobiernos que más quieren hacer contratos de PPP son los que más apremiados están en términos fiscales y en esa necesidad de hacen concesiones a los privados que a la larga los carga con mayores riesgos.

 

 

 

El temor de los miembros de la comisión es que los costos financieros y la cobertura de riesgos que enfrenten los privados encarezcan incluso más las obras que si se las hace mediante la vía tradicional, es decir, endeudamiento público.

 

 

 

La otra preocupación tiene que ver con que, en última instancia, la deuda privada que asumen las constructores es deuda pública "bajo la línea", es decir compromisos de pagos a futuro que no se computan como tal en las cuentas públicas en un contexto en el que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica reducir erogaciones a futuro. Por esta razón, el organismo multilateral de crédito no tiene ninguna simpatía por estos programas.

 

De hecho, la calificadora de riesgo Fitch advirtió que por este tipo de "ítems no devengados como ingresos y cancelaciones de obligaciones bajo la línea", en 2017 las necesidades de financiamiento superaron en 21.000 millones de dólares al déficit fiscal contabilizado en base caja. Y lo que el FMI exige es la reducción de las necesidades de financiamiento y la generación de condiciones de capacidad de repago de los 50.000 millones de dólares que va a prestarle a Argentina.

 

Por eso el comunicado especificó que: "Durante el transcurso de la reunión, también se sumó al debate la duda sobre las potenciales objeciones del FMI sobre este mecanismo de financiamiento, lo que fue incorporado al documento final".