La oposición exige la renuncia del jefe de la Policía Metropolitana

Los ministros Montenegro y Narodowski fueron criticados en su informe a la Legislatura
El escándalo por las escuchas ilegales en la ciudad se anotó un nuevo capítulo en la Legislatura. Ayer, los ministros de Justicia y Seguridad y de Educación, Guillermo Montenegro y Mariano Narodowski, respectivamente, enfrentaron duras críticas y denuncias por parte de todos los bloques opositores de ese cuerpo deliberativo.

Mientras los funcionarios macristas volvieron a denunciar que el ex policía federal Ciro James era un espía infiltrado en el gobierno local, varios legisladores pidieron las renuncias de los ministros allí presentes y de Osvaldo Chamorro, jefe de la Policía Metropolitana.

Incluso el diputado Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) denunció que en la información que brinda la Anses, que figura en la contratación oficial de James en el gobierno de Mauricio Macri, se indica que el acusado de espía también trabajaba para una empresa de seguridad proveedora del Estado porteño.

"James presentó una documentación de la Anses que ustedes se encargaron de sacar. Y lo sacaron del expediente porque allí aparecía su vinculación con una empresa de seguridad que los comprometía", dijo Ibarra, tras lo cual detalló que se utilizó una partida especial de $ 6500 para pagar el sueldo a James.

La empresa a la que se refiere el legislador es Lyon SRL, una de las compañías que brindan seguridad en dependencias oficiales porteñas.

Fue durante una sesión especial que duró seis horas y que fue presenciada por una de las víctimas de las escuchas: el representante de familiares del ataque contra la AMIA Sergio Burstein. Allí, Montenegro reiteró su respaldo a Chamorro, pero no descartó cambios a medida que avance la investigación.

"Se iniciaron cuatro sumarios. No se le pidió la renuncia, pero se está investigando si James estuvo en el Ministerio [de Seguridad] más allá del tiempo pertinente para un aspirante. Alguien tendrá que explicar las razones", dijo el ministro de Justicia y Seguridad.

Aunque anteayer la cúpula del gobierno había desmentido que hubieran existido cientos de llamadas entre James, Chamorro y el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, ayer esa versión fue relativizada. "No queda claro cuántas llamadas se hicieron. La explicación fue que se trataba de conversaciones referidas a la intención de James de ingresar en la nueva fuerza y no tengo por qué no creerle", dijo Montenegro.

Durante su alocución, Ibarra aseguró que fuentes de la causa le indicaron que existían 167 llamadas de James a Palacios, y que la mayoría son a su teléfono particular y no a un Nextel, como ayer había asegurado el jefe de gobierno, Mauricio Macri.

El ministro de Educación reiteró que fue engañado. "Para nosotros, James fue un abogado de consulta. Tenía acceso al edificio y era una persona conocida. Presenta su renuncia a finales de septiembre, aduciendo que se iba a ir a trabajar a la Policía Metropolitana", dijo.

Otro duro golpe lo asestó el diputado Martín Hourest (Igualdad Social), quien recordó que en agosto pasado, cuando el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio su informe en la Legislatura, aseguró que existía una cooperación abierta y explícita con la Policía Federal. "Mintieron y mienten", sostuvo.

Diego Kravetz, del bloque Identidad Porteña, señaló: "Realmente, pensé que iban a venir con la renuncia de Chamorro bajo el brazo y, en cambio, lo siguen encubriendo. Es insostenible que el jefe de la Metropolitana esté incriminado en estos bochornos. No puede estar al frente [de esa fuerza] ni un día más".

La ciudad pide que se aparte a la Federal de la causa

* El gobierno de Mauricio Macri informó ayer que pasado mañana presentará la denuncia penal contra la Policía Federal por presuntas tareas de espionaje a miembros de la Policía Metropolitana, causa para la que pedirán que las tareas de investigación que solicite la Justicia en el caso que involucra a Ciro James estén en manos de la Gendarmería o de la Prefectura. Quiere sacar de la instrucción a la Policía Federal, pues la considera parte interesada en todo este proceso.

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