Oposición esquiva trampa oficial por superpoderes

La sesión de esta semana en el Senado donde se debatirá el proyecto para modificar los superpoderes podría quedarse sin el debate si el kirchnerismo no consigue, a solas, el número para debatir ese pedido de Cristina de Kirchner. La oposición ya se dio cuenta que, mientras el Gobierno no acepte modificar el proyecto que sólo limita al 5% del gasto total la posibilidad de reasignar partidas, pero dejando libre de todo control la estratégica Jurisdicción 91-Obligaciones a Cargo del Tesoro (la cuenta más grande que maneja fondos en el Presupuesto), de poco valdrá colaborar con el quórum en el recinto o prestarse a debatir una iniciativa como ésa, que es sólo ganancia para el oficialismo.
Ese límite ficticio llega en realidad a casi el 15% del Presupuesto total y, además, debe sumarse que los grandes montos el Gobierno siempre los modificó mediante decretos de necesidad y urgencia.

Cristina de Kirchner se apuró a anunciar en la Casa Rosada a sus bloques de Diputados y del Senado el envío del proyecto para autolimitarse en el uso de los superpoderes, ese entramado de leyes que le permite al Poder Ejecutivo aumentar el gasto con los excedentes de recaudación en años anteriores, redistribuir partidas o reasignar fondos que estaban destinados a gasto de capital para ejecutarlos en gasto corriente.

Todo ese poder, que en épocas de Néstor Kirchner y Alberto Fernández se volvió permanente (es decir que el Gobierno no debía ya negociarlo en cada Presupuesto nacional) al modificar el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y de los órganos de control, no se limita sólo con establecer un tope del 5% a las facultades que otorga ese artículo.

Para que el control sobre los superpoderes sea real, el Gobierno debería incluir dentro de ese límite a todas las cuentas del Presupuesto y no excluir a la Jurisdicción 91, que recibe fondos y los redistribuye para múltiples funciones desde asistencia a provincias, hasta aportes a entidades financieras, reformar la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto (que en su artículo 84 da vía libre al manejo de fondos en esa cuenta especial), y restringir el uso de decretos de necesidad y urgencia para disponer partidas.

Sólo estructurando esa reforma integral se establecería un límite lógico para que el Poder Ejecutivo pudiera introducir cambios en el Presupuesto en caso de necesidad justificante.

Pero como el proyecto oficial está lejos de esa realidad, la oposición ahora plantea que no existe razón política para «regalar» al Poder Ejecutivo una reforma a los superpoderes que en realidad no es tal. Es decir, el Gobierno podrá decir que cumplió con el pedido de toda la oposición tras las elecciones de modificar los superpoderes, cuando en realidad poco habrá cambiado sobre el tema.

Esa trampa es parecida a la que ya sufrió la oposición en Diputados con la prórroga de la delegación legislativa. El kirchnerismo consiguió el número, sin problemas, para aprobar ese proyecto que tuvo como centro de discusión la facultad del Poder Ejecutivo para disponer sobre los aranceles aduaneros y, por ende, las retenciones a las exportaciones de granos.

Si el Senado, como parece, convierte en ley esa prórroga, el Gobierno no sólo habrá conseguido postergar por un año el conflicto que significaría perder todas esas facultades de administración, sino que también podrá dar por cerrada la discusión sobre las retenciones.

Y la realidad es que nunca estuvo en la idea del Congreso, en éste o en los anteriores, que el Poder Ejecutivo dejara de controlar aranceles aduaneros. Sólo la pelea por el campo y la incapacidad de los Kirchner por resolverla logró generar otra guerra donde no existía y, además, discutir dentro de esa ley una cuestión que debería debatirse por separado.

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