La oposición, más dura con los menores

La oposición, más dura con los menores
Las principales fuerzas coinciden en proyectos para penar con hasta cinco años de reclusión a chicos homicidas de entre 14 y 18 años
La crisis de la seguridad lleva a los vecinos a reclamar cambios en las calles cada día con mayor fuerza. Frente a un gobierno que evitó durante años referirse a esta problemática, la oposición junta fuerzas y se propone instalar el debate en el Congreso. La urgencia por crear un régimen penal juvenil que aplique sanciones efectivas a partir de los 14 años es un punto en el que coincidieron importantes referentes del radicalismo, de la Coalición Cívica, de Pro y del peronismo disidente que conversaron con LA NACION.

Hasta el momento, los proyectos para penar a jóvenes en conflicto con la ley fueron bloqueados en el Congreso por el oficialismo, expresaron los opositores. Pero hay un evidente cambio de clima en el humor social. "La agenda hoy la marca la realidad", comentó el senador Gerardo Morales, presidente de la UCR y autor de una iniciativa parlamentaria sobre la responsabilidad penal entre los 14 y los 18 años.

"Impulsaremos este tema, porque ya esperamos mucho a que el Ejecutivo se decidiese", explicó Morales.

Elisa Carrió, principal dirigente de la Coalición Cívica, también propicia dar ese debate: "El problema de los adolescentes es que son la mano de obra de las organizaciones delictivas, por lo que tienen que tener una responsabilidad penal".

La síntesis de las diferentes propuestas al respecto establece que un menor que cometa un homicidio tendrá una pena especial máxima de tres años, para quienes tengan una edad entre los 14 y los 16, y de cinco años, para aquellos entre los 16 y los 18.

Para Carrió deberían encararse dos ejes de trabajo: "Por un lado, reconstruir la familia con un ingreso universal en la niñez que mantenga a los chicos dentro de la casa, en la escuela y en el sistema de salud. Por otra parte, crear un régimen de responsabilidad penal juvenil, porque el chico tiene que ir a juicio con todas las garantías y con abogado defensor, pero tiene que ser imputable. No deberían ir a prisión salvo en casos de delitos graves como homicidio, para los cuales deberían ser detenidos en instituciones especiales. Pero los jóvenes tienen que saber que hay responsabilidades por los actos que cometen".

El diputado Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco) trabaja en el armado de un espacio con Mauricio Macri y Felipe Solá. Desde ese lado del arco opositor también comparten la idea de armar una propuesta legislativa que evite la salida fácil de los menores que cometen homicidios.

"Tiene que tratarse en el marco de una política integral de minoridad, que incluya el funcionamiento de formas de reinserción social, como las familias sustitutas, no como un parche frente a un caso criminal concreto. Si se trata de esa manera, podemos dar ese debate", dijo De Narváez.

Nuevo escenario

La pérdida por goteo de legisladores que sufre el oficialismo puede, como en el caso del conflicto entre el campo y el Gobierno, marcar una agenda diferente en cuestiones de seguridad pública. Por lo pronto, todos preparan sus programas más extensos (de lo que se informa por separado) para poner en debate un tema que la Casa Rosada siempre esquivó. Sólo en los últimos días la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló sobre la situación de inseguridad, después de hechos violentos de amplia repercusión.

Uno de los más importantes especialistas en seguridad ciudadana que tiene Pro es el diputado Eugenio Burzaco, que en mayo del año pasado elaboró un proyecto de ley para establecer las responsabilidades de menores ante el delito. "Aunque cada partido tenía matices en sus proyectos, avanzamos para acercar posiciones, pero hasta ahora el Frente para la Victoria bloqueó los proyectos que no le gustaron al Ejecutivo. Si hasta frenaron la ley que regula los precursores químicos que tiene media sanción del Senado. Si el oficialismo pierde en octubre, otra será la relación de fuerzas."

Los principales partidos de la oposición política consideran que la seguridad será uno de los dos grandes temas -el otro pasará por los vaivenes prácticos de la crisis económica mundial- de la campaña electoral de este año. Y entienden que el Gobierno carece de medidas para enfrentar las demandas ciudadanas de mayor protección pública.

"Además de las reformas necesarias, el problema principal es de gestión. Acá el problema es el PJ en el conurbano, porque las organizaciones delictivas tienen fuertes vínculos con la política", indicó Carrió.

Las alternativas propuestas por la Coalición Cívica fueron presentadas públicamente en noviembre último, con un plan integral cuyo armado quedó a cargo de la diputada Patricia Bullrich. "Será mi ministra de Seguridad", agregó Carrió.

El radicalismo también arremete con críticas duras al Gobierno. "No hay política de seguridad por parte de las autoridades. Esto está al garete", manifestó el jurista Ricardo Gil Lavedra, encargado de elaborar los proyectos de seguridad que el radicalismo presentará en el Congreso.

Gil Lavedra también consideró adecuada la promulgación de un régimen penal juvenil. Conversará con sus socios políticos de la Coalición Cívica y del Partido Socialista para promover una iniciativa común.

Prioridades

"Para tener seguridad hay que contar con la decisión política y asignar recursos. Eso no se ve ni a nivel nacional ni en la provincia de Buenos Aires", aseguró De Narváez. Y agregó: "Se desarticuló el sistema de inteligencia policial y sin investigación previa el delito siempre va a estar adelante. Si dejamos todo como está, vamos mal".

Hace tres meses su agrupación puso en servicio en Internet un mapa del delito para que los habitantes de la Capital y de la provincia de Buenos Aires pudiesen marcar la situación de la que hayan sido víctimas. "Ese mapa ya tuvo más de 600.000 visitas, lo que indica la necesidad de la gente de informarse e informar sobre la inseguridad", aseveró.

A fuerza de crímenes, del aumento del narcotráfico y de apabullantes fallas judiciales, la inseguridad se instaló en las calles y en el centro de la política.

Carrió y el debate por la pena capital

* Elisa Carrió pidió que la polémica mediática sobre la pena de muerte, a partir de los dichos de Susana Giménez, sostenidos luego por otras voces del espectáculo, no tape la situación real de la sociedad: "No hay que debatir la pena de muerte y no hay que cargar contra Susana. Hay que entender qué está reclamando la gente. Es un grito de visibilidad para que alguien se haga cargo de la seguridad".

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