Provocada la grieta en el seno del justicialismo, que permitiría neutralizar la virulencia del kirchnerismo duro en el Congreso, el Gobierno avanza en la agenda de temas parlamentarios que presentará a partir del 1° del mes próximo, cuando se inicien las sesiones ordinarias. Tiene dos prioridades inmediatas: la derogación de la ley cerrojo, que habilitaría la aprobación de una nueva propuesta de pago a los holdouts, y la designación a la Corte Suprema de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, los dos candidatos propuestos por el oficialismo.

Encumbradas fuentes parlamentarias adelantaron a LA NACION que el temario contemplará, además, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que, según anticipó el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, se elevaría a $30.000. Esta es una carta clave que quiere exhibir el Gobierno ante las inminentes negociaciones salariales. Otro tema legislativo inmediato será la validación de los ocho decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emitió Mauricio Macri desde que asumió (ver aparte).

La primera agenda parlamentaria del oficialismo incluirá iniciativas relativas a la Justicia, seguridad, acción social y transparencia, cuya presentación en el Congreso se dosificará a lo largo del primer semestre del año. El Gobierno, que no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, está obligado a negociar su aprobación; por tal motivo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, convocará en la semana próxima a la Casa Rosada a los representantes legislativos de la oposición.

"El Poder Ejecutivo no se centrará sólo en la aprobación de leyes propias. Receptará la visión de legisladores opositores", enfatizó Paula Bertol, ex diputada de Pro y actual secretaria de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete. Bertol es quien coordina la agenda legislativa con los ministerios.

Por separado, Macri agasajará con un asado en Olivos a los diputados y senadores socios de Cambiemos (Pro, UCR y Coalición Cívica). La cita sería el 17 de este mes. La idea es dar gestos de camaradería en momentos en que se percibe cierto malestar en sectores internos. Un dato: hasta ahora cada bloque funciona por separado y no se amalgamó aún en un interbloque de Cambiemos. "Hasta ahora fue un gobierno más de Pro que de Cambiemos", reprochan algunas voces de la UCR.

En este marco, el oficialismo inicia la semana próxima la negociación por el control de las comisiones, el primer escalón en la sanción de las leyes. La fractura del bloque de diputados del Frente para la Victoria beneficia al oficialismo en esta instancia. "Si (Axel) Kicillof tenía la peregrina idea de presidir la Comisión de Presupuesto, que se la olvide", afirman en Cambiemos.

Superada la etapa de reparto de las comisiones, el macrismo entrará de lleno en su primer año parlamentario. En materia económica, el Congreso se abocará a la derogación de la ley cerrojo aprobada en 2013. La ley impediría la aprobación de la oferta que presentó la Argentina a los buitres, con una quita del 25% sobre el total de 9.000 millones de dólares.

El Gobierno espera contar con el apoyo del peronismo -representado en el bloque peronista escindido del kirchnerismo y del Frente Renovador, de Sergio Massa- para la derogación de la ley. En el Senado, Miguel Pichetto, jefe del bloque del FPV, dio señales de respaldo. La misma actitud adoptaría respecto de los dos candidatos a la Corte propuestos por el oficialismo.

Hay otras iniciativas de la agenda de mediano plazo. Por ejemplo, la disminución del IVA a los productos de la canasta familiar para los sectores más vulnerables; coparticipación federal.

A la vez, se impulsa la ley de combate al narcotráfico; la ley de decomiso de bienes que provengan de actividades ilícitas; la ley de juicio penal en rebeldía; la reforma a las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública y una nueva ley de implementación de la reforma procesal penal; ley de subrogancias; ley de Consejo de la Magistratura.

También se contempla la ampliación del beneficio de la Asignación Universal por Hijo; el combate del empleo en negro; la instrumentación de la boleta única electrónica; el acceso a la información pública; la reforma a la ley de ética pública y la ley de arrepentido en casos de corrupción.