La oposición contra Aníbal Fernández

La oposición contra Aníbal Fernández
Los principales bloques de la oposición anunciaron esta medida contra el jefe de Gabinete, argumentando "violación de la independencia" del Poder Judicial. También insistieron en solicitar a la presidenta Cristina Fernández el llamado a sesiones extraordinarias del Congreso, pero postergaron la "autoconvocatoria" para febrero.
Los principales bloques de la oposición pidieron juicio político contra Aníbal Fernández porque a su entender "avasalló" a la Justicia, mientras que la presidenta Cristina Fernández respondió que el pedido forma parte "de una de las tantas chicanas políticas".

"Nuestra intención es ver al jefe de Gabinete sentado en el banquillo de los acusados en la Cámara, por abuso de autoridad y mal desempeño de sus funciones", sintetizó Elisa Carrió en la conferencia de la oposición.

Entre otras cosas, Aníbal Fernández es acusado por los opositores de haber "avalado o encubierto" el triple crimen de General Rodríguez, a partir de las conexiones de Martín Lanatta (el principal acusado por los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina) con el jefe de Gabinete.

En un informe de la Coalición Cívica se detalla que en el triple crimen "se presenta el mismo modus operandi -el ocultamiento en un freezer- que el denunciado por la esposa de Cacho Rey que involucra a militantes quilmeños de la agrupación Arturo Jauretche liderada por Aníbal Fernández".

La Presidenta, luego en la Casa Rosada, aseguró: "No sé cuáles son las causales para pedir el juicio político, no lo he visto hacer nada que merezca su remoción, me parece que es una de las tantas chicanas políticas que estamos acostumbrados a escuchar".

La iniciativa parlamentaria fue firmada durante una conferencia de prensa que brindaron los presidentes de las bancadas de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; del Peronismo Federal, Felipe Solá; del PRO, Federico Pinedo; y del radicalismo, en ausencia, Oscar Aguad. Según la oposición, Fernández "ha cometido actos incompatibles con nuestro sistema republicano y su actuación implica un avasallamiento de los poderes y una clara afectación al principio de independencia del Poder Judicial".

Argumentaron que "se trata de una violación a la división de poderes y al principio republicano de gobierno, intolerable en un sistema democrático como el que establece nuestra Constitución". Mencionaron en particular dos hechos: el primero, "haberle dado órdenes a la Policía para que no cumpliera una disposición de la Justicia". El 26 de noviembre último, la jueza Beatriz Ferdman dictaminó, tras un juicio de más de dos años, que había triunfado una lista no kirchnerista en el gremio de Aeronavegantes y reclamó la presencia de la fuerza de seguridad para hacer cumplir esa orden. Fernández adujo la existencia de "dos fallos contradictorios" y se negó a autorizar la acción policial.

El segundo hecho de "gravedad" para la oposición fue la presencia "inusitada" de un patrullero ante el domicilio de la jueza María José Sarmiento, que repuso a Martín Redrado en la presidencia del BCRA e impidió el uso de fondos para el pago de la deuda externa.

También los bloques de la oposición, pero en este caso sin la presencia de la centroizquierda, pidieron a Cristina Fernández que convoque a sesiones extraordinarias y resolvieron posponer una autoconvocatoria en febrero, en caso de que el oficialismo no lo hiciere, para tratar los decretos que generaron la crisis política en torno al uso de reservas del Banco Central.

El reclamo partió de esas cuatro bancadas de oposición, cuyos presidentes insistieron en reclamar una "inmediata" convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para analizar la legalidad de los decretos de necesidad y urgencia que creó el Fondo del Bicentenario para el pago de la deuda y el que removió al presidente del BCRA, Martín Redrado.

En el documento, que no firmaron los bloques de Proyecto Sur, ni del GEN de Margarita Stolbizer y otras expresiones de centroizquierda, sostienen que es "deber constitucional de la señora Presidenta convocar al Congreso para su inmediato tratamiento, que si así no lo hiciera estos bloques pedirán al presidente de la Cámara que la convoque en los términos del artículo 99 inciso 3, para que se dé inmediato tratamiento a los dictámenes ya emitidos por la comisión especial bicameral de Tratamiento de DNU, y en su defecto procederán a autoconvocarse".

Comentá la nota