La oposición comete una contradicción paradojal

La posición opositora frente a la tortuosa aprobación legislativa del Programa de Asistencia Financiera se transformó en una trampa política para quienes mantienen la negativa con el argumento de que se desconocen los destinos de los recursos que se liberarían en caso de producirse la homologación legislativa de ese instrumento.
Es que tales fondos conforman los llamados excedentes de coparticipación y se fijaron en las proyecciones de la Ley de Presupuesto votada por los diputados y senadores que ahora se niegan a tratar la refinanciación.

La ecuación es simple para la gente pero por alguna razón se transforma en un jeroglífico para los referentes opositores del ricardismo, el tatismo y el kirchnerismo. Vale explicar, en homenaje a esos legisladores que no captan el sentido del PAF, los conceptos básicos que ya desmenuzaron los técnicos del Ministerio de Hacienda en más de un encuentro con miembros del Parlamento: por empezar, de los 1.500 millones de pesos que se previeron en el presupuesto 2008 para el ítem salarios se gastaron más de 1.700 millones, por lo que el producto del PAF llegaría para cubrir ese desembolso no previsto originalmente.

Esto implica que Corrientes afrontó un gasto 200 millones de pesos más que lo estipulado en las proyecciones presupuestarias, con lo que sobrepasó por anticipado las metas según las cuales el 50 por ciento de los excedentes de coparticipación debían volcarse a salarios (se utilizó prácticamente el total). Y esto se hizo sin que se aprobase ni llegasen a las arcas provinciales los recursos procedentes del PAF, que constituyen apenas un tercio del dinero que la Nación, pese a estar obligada, dejó de remitir en 2008 (léase fondos de Salto Grande, viviendas, Anses, etc.).

El Ministerio de Hacienda de la provincia fue más claro al señalar en recientes encuentros con gremios y legisladores que el PAF 2008 constituye los excedentes tan declamados por estas horas en las huestes opositoras. Sin los 232 millones de pesos que se liberarían por la refinanciación de deudas que el gobernador Arturo Colombi firmó a fines de noviembre con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presupuesto correntino del año que finaliza se queda prácticamente sin excedentes y, por ende, sin posibilidades de cumplir con medidas paliativas tales como el plus navideño de 350 pesos.

La pregunta es ¿qué logran los opositores con la traba al PAF 2008? La respuesta es poco y nada si se analiza la confiabilidad y el equilibrio financiero de una administración que supo construir sobre bases sólidas un escudo para cualquier contingencia económica durante 2009. Pero esa respuesta cambia si se analiza la situación particular de los empleados estatales y del comercio correntino que esperaba una inyección de recursos para dinamizar el consumo antes de la chatura de enero, cuando las ventas caen al subsuelo de las estadísticas hasta que en marzo el inicio de las clases produce un nuevo estímulo a la demanda.

Los estatales, los empleados de comercio, el empresariado del sector y hasta el cuentapropista que presta servicios coyunturales con motivo de las fiestas han sufrido un perjuicio que halla origen directo en la ausencia de espíritu dialoguista de una Legislatura donde la confabulación opositora de tres sectores bien determinados se ensañó, más que con el Gobierno de Arturo Colombi, con los beneficiarios de las medidas que el primer mandatario tenía previsto adoptar en este último tramo de 2008.

Lo grave del caso es que las consecuencias de esa traba, inexplicable desde el punto de vista técnico pero entendible desde la óptica electoralista con que los opositores contemplan el nuevo año, pueden extenderse en el tiempo porque las definiciones económicas del Gobierno ya anticiparon que sin el PAF 2008 y el PAF 2009 difícilmente se puedan alcanzar las metas de recomposición salarial fijadas por la Nación para el ejercicio venidero: 13,5 por ciento más según los parámetros que la propia Cristina Fernández estableció recientemente.

Finalmente, los perjudicados por la tranca legislativa al PAF son los mismos autores de la zancadilla. Verdadero tiro por la culata, la maniobra no goza de legitimidad ni mucho menos, al punto que los propios sindicatos nucleados en la CTA, así como las organizaciones empresariales, han salido a demandarles un gesto de grandeza para que sancionen la ley de homologación ante el peligro de que Corrientes pierda definitivamente los 232 millones de pesos refinanciados.

Y lo hicieron con información fresca: todos los involucrados en esta novela del PAF, excepto los legisladores que se niegan a dar quórum, saben que en el presupuesto de 2008 ellos mismos aprobaron el PAF como un crédito a favor de la provincia y destinaron sus beneficios (los llamados excedentes) a sueldos en un 50 por ciento del total resultante del año. Caen así en una incoherencia paradojal, porque con su estrategia de ocultarse a la hora de sesionar desconocen lo que votaron meses atrás y dañan la delicada ingeniería financiera que cada hogar de clase trabajadora diseñó para pasar unas fiestas de fin de año dignas.

Párrafo final para la Presidenta y su esposo, que todavía tienen la potestad de mandar o no la plata pactada con Corrientes aún con la ley de homologación del PAF en vigencia. En resumen, cuanto más rápido se apruebe la refinanciación más chances habrá de destrabar esos fondos en la Rosada, que nunca ofrece garantías. Allí radica la importancia de esta norma que sigue trabada en medio de un tironeo acicateado por líderes opositores más interesados en obstruir a un Gobierno que en formular propuestas superadoras.

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